El Colectivo Towanda, que se centra en el campo de la diversidad afectivo-sexual, lleva años combatiendo la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual y ha recibido con satisfacción «la puesta en marcha, desde lo público, del primer teléfono gratuito de asesoría en materia de delitos e infracciones administrativas en casos de odio», en palabras de Pepe Paz, responsable de la entidad.
En su opinión, compartida por otros colectivos, como Somos, el Movimiento contra la Intolerancia y SOS Racismo, solo aflora un porcentaje muy bajo de los casos de discriminación, abuso y violencia hacia personas de minorías de cualquier tipo.
«Las estadísticas son una cosa y la realidad social es otra», subraya Pepe Paz, que cree que con la puesta en marcha de nuevas herramientas de denuncia «se facilitará que se descubran situaciones abusivas que hasta ahora pasaban inadvertidas».
Paz insiste en la necesidad de que, una vez creado y legislado el delito de odio, es necesario hacer una labor de difusión para dar a conocer su existencia y mostrar los cauces que se han habilitado para denunciarlo. «La información tiene que llegar a todo el mundo, de forma que las víctimas se sientan empoderadas», afirma.
Zonas de sombra
El miembro de Towanda considera, además, que es necesario intervenir por parte de las autoridades en aquellos casos en los que «los actos de violencia verbal o física» se ven alentados o justificados por determinadas fuerzas y medios de comunicación. Asimismo, señala que hay que incidir con más fuerza en el medio rural, en el que, por sus características de dispersión y falta de masa crítica, «es más difícil la detección de los abusos contra minorías».
En esa labor trabaja SOS Racismo en Aragón, que elabora una memoria anual de su actividad. De hecho, en la de 2020, recientemente presentada en Zaragoza, esta entidad, cuyo lema es Igualdad para vivir. Diversidad para convivir, recoge la apertura de 87 expedientes por casos de discriminación, 69 de ellos estructurales, en materia de extranjería y nacionalidad, y otros 18 de tipo directo.
La discriminación estructural recae sobre el entramado legal, administrativo y burocrático y los afectados acudieron a la Oficina de Información y Denuncias para expresar sus quejas sobre la renovación de permisos, las autorizaciones de residencia y las consultas sobre nacionalidad.
