La Comisión Permanente de las Cortes de Aragón convalidó este lunes el decreto de alerta sanitaria 2, aprobado por el Consejo de Gobierno a principios del mes de julio para atajar la sexta ola «explosiva» de coronavirus, que llegó después de un mes de junio de relativa calma, con la vacunación lanzada y buena parte de los colectivos vulnerables protegidos.
El Ejecutivo cuatripartito sacó adelante las restricciones --un mes después de que estén ya en aplicación, por el desfase que se produce con el trámite parlamentario-- con los votos a favor de los cuatro socios y de Izquierda Unida, pero con el voto en contra del PP y de Vox y la abstención de Ciudadanos. La oposición de derechas volvió a acusar al Gobierno de Aragón de "esconderse" detrás de las restricciones y exigió una mayor anticipación.
Mientras, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, defendió que "un mes después se puede comprobar que las medidas han tenido efecto" y aseguró que el pico de contagios de la sexta ola en Aragón ya está superado y se consolida «la tendencia descendente» esta última semana.
Repollés llevó a la tribuna de las Cortes de Aragón el relato de los hechos, desde que a finales de junio se tomó la decisión de relajar las medidas de distanciamiento social, o el uso de la mascarilla en exteriores, hasta que a principios de julio la DGA tuvo que dar marcha atrás ante un «una explosión de casos» que hizo que «la pendiente de la curva se dispare y ascienda de forma vertical».
El 2 de junio, Aragón tenía una incidencia acumulada de 70 casos por 100.000 habitantes, recordó la consejera. El 2 de julio, de 76. «Pero en la primera semana de julio se multiplicó por cuatro hasta alcanzar 300 casos el 10 de julio, cifra que llegó a 450 el 22 de julio, que se considera el pico de la curva», explicó.
Por eso entonces se decidió reclamar a la Justicia el toque de queda en las ciudades más afectadas. Una limitación de movimientos rechazada en primer término por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que hasta este mismo lunes no tuvo el visto bueno del Tribunal Supremo. «Seguramente nos equivocamos todos al pensar que ya estaba superada la pandemia», admitió la titular de Sanidad.
Un 83% de infectados no estaba vacunado
Las consecuencias en los hospitales, como en las anteriores olas, tardaron en llegar. Haciéndose eco de los datos del Ministerio de Sanidad, Repollés recordó que «el 83% de los infectados no están vacunados; el 12% de los positivos solo tenían una dosis; y solo el 5% de casos se da en vacunados con pauta completa». «Gracias a las decisiones tomadas nos encontramos en una situación mejor que la vivida en julio, consolidándose la tendencia descendente en la última semana», incidió.
Desde los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, Olvido Moratinos (PSOE), Itxaso Cabrera (Podemos), Esther Peirat (PAR) y Joaquín Palacín (CHA) defendieron las medidas aplicadas por el Ejecutivo y el grado de «autogobierno» que permite haber impulsado una normativa propia.
Pero la oposición dejó claro que la unión de fuerzas que un día propició la pandemia ya es algo de otro tiempo. Incluso para Ciudadanos, que se descabalgó del apoyo hacia la abstención. «El derecho a la vida es lo primero, pero hay otro tipo de derechos que, sin ser tan importantes, están ahí y tenemos que evitar en la medida de lo posible que la restricción se convierta en norma», reclamó el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento aragonés, Daniel Pérez Calvo, que reclamó «más rastreos y más pruebas», además de «vacunar, vacunar y vacunar».
«Una vez más ustedes colapsaron y llegaron tarde y provocaron una mayor inseguridad jurídica a los ciudadanos», recriminó la portavoz adjunta del PP en las Cortes, Mar Vaquero. «Una vez más el Gobierno se esconde en las restricciones para ocultar su fracaso y su incapacidad», reprochó la líder de la oposición conservadora, que volvió a ofrecer su «mano tendida», pero «para que el Gobierno lidere a la sociedad y cumpla con ella».
Desde Vox, su portavoz, Santiago Morón, aseguró que rechazan el decreto «por no estar de acuerdo en la eficacia sanitaria de las medidas adoptadas, por el importante efecto negativo en la economía, el cuestionamiento de algunos derechos fundamentales y la inseguridad jurídica para hacer frente a la pandemia que nos encontramos en la actualidad».
Para el portavoz de IU, Álvaro Sanz, «no actuar no es una opción» y llamó a la «responsabilidad colectiva» de todos los poderes del Estado, «también el judicial», para cooperar en la gestión de la pandemia.
