El debate sobre si los rescates en la montaña deberían cobrarse es un tema recurrente al término de cada verano. Y en el espectro político, la opinión no converge. El Gobierno de Aragón reitera que no impondrá una tasa por lo que considera «un servicio público», mientras que la oposición propone estudiar qué podría suponer una imprudencia para, en ese caso, hacer pagar por las labores de salvamento.
La postura del cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y Podemos) es clara: no se deberá pagar por las labores de salvamento. El Gobierno de Aragón considera las intervenciones de los helicópteros del 112 como «un servicio público», según afirman en declaraciones a este diario. A su vez, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que «no hay ninguna intención» de poner precio a este servicio, dado que «atender a la seguridad de los ciudadanos es una obligación de la Administración». Al preguntar de forma individual a los integrantes del gobierno, solo el PAR señala que los rescates en caso de imprudencia temeraria grave «podrían llegar a cobrarse», una medida que en la opinión de Joaquín Palacín, portavoz de CHA en las Cortes, debería «tomarse en consenso» con el sector turístico, las federaciones de montaña y los ayuntamientos.
En cuanto a la oposición, la intención de cobrar en el caso de las imprudencia sí parece más factible. El Partido Popular, en palabras del diputado en las Cortes José Antonio Lagüens, dice que la ley estatal permite a las comunidades autónomas imponer «una tasa por imprudencia», como ya han hecho Cataluña, Cantabria, Navarra o País Vasco, entre otras. Desde el PP se manifiestan «partidarios de determinar de manera objetiva, por expertos y caso a caso» qué se considera en Aragón como imprudencia, y, en caso de incurrir en una, «reclamar por los perjuicios económicos causados a través de una tasa aplicable desde el momento del inicio de la prestación del servicio de emergencia».
En la necesidad de que la sanción debiera estar «muy bien tasada y delimitada», además de ceñirse «aquella actividades que realizan con manifiesta temeridad o imprudencia grave», coincide Beatriz Gracia, portavoz de Ciudadanos en las Cortes, quien señala también que cobrar una tasa por el rescate podría actuar como «revulsivo» contra el turismo, aunque también cuentan con que «se pone en peligro la vida de los rescatadores».
Por parte de Vox, el portavoz del grupo parlamentario autonómico, Santiago Morón, asevera que la Administración «no puede asumir el coste de un rescate fruto de una clara imprudencia». Morón pone como ejemplo que en el caso de «sufrir un infarto en una ruta de menor dificultad», el salvamento no debería cobrarse.
Por último, Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, apunta que ya se solicitó la posibilidad de cobrar por los rescates «para fomentar el compromiso federativo y garantizar la formación», minizimizando de esta forma las prácticas que resultan imprudentes.
Es en esta cuestión en la que coincide todo el abanico parlamentario aragonés: en hacer un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos que realizan actividades de montaña y tratar de impulsar la formación, el conocimiento y el respeto a la montaña.
