La rebaja del impuesto especial de la electricidad, que ha pasado del 5,11% al 0,5%, es una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno de España dentro del plan de choque puesto en marcha para contener el precio de la electricidad. Esta reducción contribuirá a abaratar la factura de luz que pagan los consumidores, que se ha disparado en los últimos meses por los precios desorbitados que ha alcanzado este bien básico en el mercado mayorista. Pero al tratarse de un tributo cedido a las comunidades autónomas, el cambio tiene un efecto directo sobre estas que no es baladí. Aragón ingresa cada año en torno a 60 millones de euros por este concepto, una cifra que descenderá a poco más de 5 millones con esta modificación tributaria.

Sin embargo, el impacto real no será tal. El Gobierno de España, que se encarga de la recaudación de este impuesto que luego transfiere íntegramente a las comunidades, ya ha garantizado que compensará la merma que esta medida tendrá sobre las arcas de las autonomías del régimen fiscal común (todas menos País Vasco y Navarra). Así lo exige además la propia Ley Órgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), que apela al principio de «lealtad institucional» y compromete al Estado a equilibrar el recorte por cualquier circunstancia de los ingresos ya incorporados en los presupuestos de estas administraciones.

Tributos medioambientales

La repercusión de esta rebaja no se notaría además hasta dentro de dos años, que es cuando el Gobierno central liquidará los ajustes correspondientes a 2021 por las entregas a cuenta, el mecanismo que permite que las comunidades reciban anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica.

De lo que no cabe duda es que se trata de un impuesto relevante para las cuentas de la DGA. Según la última Ley de Presupuestos de Aragón de 2021, actualmente vigente, deja en las arcas autonómicas 59.750.270 euros, una cantidad que apenas ha variado en los últimos años. De los tributos especiales, es el tercero que más ingresos genera para el Departamento de Hacienda y Administración Pública que dirige el consejero Carlos Pérez Anadón. Solo le superan los de hidrocarburos y tabaco, aunque en este caso no están transferidos al 100%, sino que se desvía a cada comunidad autónoma un 58%.

Para hacerse una idea de su importancia, los ingresos de la comunidad por el impuesto de Sucesiones y Donaciones son de 57,4 millones de euros. Ahora falta por conocer cómo el Gobierno de Pedro Sánchez va a compensar esta pérdida de fondos para las autonomías.

Además de este impuesto, Aragón cuenta con otros dos tributos propios de carácter medioambiental que están ligados a la energía. Uno para las líneas eléctricas de alta tensión y otro para los aprovechamientos hidroeléctricos de los embalse, con los que en 2021 la DGA prevé obtener 2 y 17 millones de euros, respectivamente. La comunidad carece, sin embargo, de un canon eólico como sí tienen Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, otros de los territorios líderes en esta tecnología renovable. Desde Hacienda descartaron la introducción de esta tasa en la actual legislatura.