El principal impacto de la nueva legislación sobre el alquiler de la vivienda pactada el martes a nivel nacional entre el PSOE y Podemos afectaría en Aragón, según el registro del Ejecutivo autonómico, a 1.500 viviendas vacías notificadas en 2021 y a un total de 57 grandes tenedores en la comunidad. La fórmula consensuada es que en aquellas zonas que se declaren de mercado tensionado se impondrá la congelación de precios en todos los casos. O lo que es lo mismo, que no se podrán subir las rentas más allá del Índice de Precios al Consumo (IPC).
El Gobierno incide en que la limitación de precios solo afecta a los grandes tenedores, que es como se denomina a las personas jurídicas (empresas) que tengan más de 10 viviendas en arrendamiento, y que tendrán que reducir la renta hasta el índice de precios de referencia. Así pues, las personas físicas (naturales) no se verán obligadas a reducir el precio del alquiler, a no ser que la comunidad autónoma solicite la declaración de zona tensionada. De hecho, estas personas físicas —con independencia del número de viviendas que posean— podrán beneficiarse de incentivos fiscales de hasta un 90 % por bajar el precio del alquiler a su inquilino, según el mecanismo que se detalle en la nueva norma.
57 grandes tenedores en Aragón
En Aragón se contabilizan las viviendas de grandes tenedores bancarios que tienen viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias (no son todas las vacías porque hay muchas que son propiedad de particulares, que no tienen obligación de comunicarlas a la Administración, ni tampoco están obligados a hacerlo todos los grandes tenedores ya que hay sociedades que no tienen que comunicar).
Competencias "exclusivas"
Desde el departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón recordaron ayer que las competencias de Vivienda son "exclusivas" de las comunidades autónomas. Por eso afearon al Ejecutivo central que no se haya contado con ellas para definir la norma. "Se trata de un texto elaborado sin consulta, por lo menos a la comunidad autónoma de Aragón, a la que tampoco se le ha facilitado para su lectura", manifestaron fuentes del departamento. El consejero del ramo, José Luis Soro, señaló que "no podemos valorar lo que no hemos tenido oportunidad de leer".
