La futura Ley de Vivienda no ha sido bien recibida por los sectores empresariales vinculados a este negocio en Aragón. El sentir mayoritario entre expertos, promotores, constructores e inmobiliarias es de escepticismo porque considerar que el plan anunciado por el Gobierno de España tiene una visión, a su juicio, equivocada sobre la realidad del mercado del alquiler. También critican duramente algunas de las medidas planteadas por ser «más efectistas que reales» y advierten de que puede provocar el efecto contrario al que se busca. Lo que todos aplauden son las ayudas a los jóvenes para favorecer su emancipación.
«Falta un enfoque real del problema del alquiler en España y algunas de las medidas pueden ahondarlo», sostiene Luis Fabra, profesor de la Universidad de Zaragoza y director de consultora Gamerin (Grupo de análisis del mercado inmobiliario). En concreto, tacha de «error» la limitación de precios que se plantea, algo que «ya se ha probado en Cataluña» sin que los resultados, apunta, estén siendo satisfactorios. «El efecto ha sido un estrechamiento del mercado», afirma.
«El problema está en la oferta. Lo que hacen falta son incentivos para sacar más viviendas al mercado de alquiler», apunta Fabra. Especialmente crítico se muestra con la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, una medida «peligrosa». El experto estima que esto puede tener sentido si se hacen en terrenos públicos, pero hacerlo de manera general supone «modificar las reglas de juego y el valor del suelo», lo que puede generar «dificultades económicas» en los promotores, un sector «muy dañado» tras la crisis del ladrillo de 2008 que ahora estaba en «un momento de recuperación».
Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Aragón, ve «prematuro» valorar la nueva normativa, pero advierte que «el intervencionismo y sectarismo en el mercado económico nunca es bueno». De todo lo anunciado por el Gobierno, lo que mejor le suena son las ayudas de 250 euros para los jóvenes, pero desconfía del resto. En su opinión, lo prioritario es «favorecer y fomentar» que más viviendas salga al mercado de alquiler, pero «no con políticas coercitivas o coactivas». «Es comida para hoy y hambre para mañana», concluye.
Escasez de VPO
«Bienvenido todo lo que sea fomento del alquiler pero rechazo que sea hagan con castigos o limitaciones», abundó. Baena también advirtió de las consecuencias de «penalizar a las empresas que invierten en vivienda de alquiler». «Hay que tener cuidado qué se interviene», agregó, al tiempo que expresó sus dudas sobre qué es un gran propietario o tenedor de vivienda.
Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), también es escéptico pero considera que las novedades legislativas que se anuncian necesitan «leerse con dimensión y tiempo» para no sacar conclusiones precipitadas. En cualquier caso, observa que tienen una orientación «muy política».
El sector profesional del alquiler, precisa, es «minoritario» en Zaragoza, cuya realidad es «muy diferente» a la de Madrid o Barcelona. En este sentido, cree que para impulsar este mercado se requieren cambios en múltiples ámbitos, como el urbanístico. «Hace falta un debate profundo en el sector y en la Administración», añade. También llama la atención sobre la «escasez» de vivienda protegida en Aragón debido a las «dificultades» para promoverla. «Las cuentas no salen con la estructura de precios que hay», apuntó. Y menos aún, subraya, con unos costes de la construcción que han subido un 15% en el último año.
