Cinco sindicatos minoritarios del sector automóvil en España, entre ellos Stopel de la planta de Stellantis en Figueruleas, han exigido este viernes en Zaragoza que la concesión de las ayudas europeas a los fabricantes de vehículos se vinculen al mantenimiento y la calidad del empleo. Consideran que esta industria, que supone el 10% del PIB de España, vive un momento crucial ante la «política de reducción de costes» de las compañías y los cambios tecnológicos, sobre todo por el salto al coche eléctrico, menos intensivo en mano de obra que el de combustión.
Así lo advierten las organizaciones STM-Intersindical Valenciana de Ford Valencia, que cuenta con nueve de los 35 delegados del comité de esta planta; el sindicato nacionalista LAB de Volkswagen Navarra (tres de 29 representantes) y Mercedes-Benz Vitoria; TU de Renault Valladolid; y CUT de Stellantis Vigo, además del zaragozano Stopel (tres de 33). Todos ellos participan este fin de semana en la capital aragonesa en unas jornadas sindicales del sector de la automoción con el objetivo de «proteger las condiciones laborales» de los trabajadores «frente al modelo productivo de contratos basura y todo a cien» que a su juicio se está instaurando en esta actividad.
«Llevamos años y años con recortes de personal», afirmó Daniel Montejo, representante de Stopel, en la rueda de prensa ofrecida para presentar el encuentro, al tiempo que expresó su preocupación por el futuro de la planta de Figueruelas. A día de hoy, apuntó, la línea uno de producción --centrada en los modelos SUV (Citroën C3 Aircross y Opel Crossland)-- «no tiene sustitutos». En este sentido expresó su temor a que la decisión sobre la renovación o sustitución de estos productos coincida en 2023 con la negociación del nuevo convenio colectivo.
«Ahora mismo nadie nos asegura el futuro», agregó tras recordar que el 31 de diciembre finalizará el erte de hasta 80 días que se viene aplicando en la planta de Stellantis por los paros de producción provocados por la falta de microchips
Caída del empleo
Según explicó, la factoría aragonesa ha pasado de cerca de 10.000 trabajadora en 1997 a apenas 5.400 en estos momentos. «Para fabricar los coches eléctricos nos dicen que hace falta un 25% menos de personal», alertó.
Ante los problemas comunes que sufren las plantillas de las plantas automovilísticas del país, apostó por armar un «frente común» de sindicatos alternativos para coordinar estrategias de lucha. «Tenemos que defender el futuro de la planta de Zaragoza, que es el motor económico de Aragón, si no hacemos nada el día de mañana lo vamos a lamentar», consideró.
Paco González, secretario de STM, denunció que los fabricantes no dejan de plantear recortes a pesar de los beneficios e inversiones multimillonarias que tienen. «Hay que defender a la ciudadanía frente al chantaje de las multinacionales», señaló tras recordar el ere de 630 despidos que se ha aplicado este año en la planta valencia. "Nos amenazan siempre con la siete plagas de Egipto para rebajar condiciones y derechos", criticó.
Sobre la posible implantación de una fábrica de baterías en Aragón, Navarra o Cataluña ligada al Perte (plan estratégico financiado con las ayudas europeas de recuperación), los sindicalistas restaron valor a este proyecto porque «no traerá demasiado empleo» y se preguntaron «a cambio de qué condiciones» será su implantación. "Tenemos un problema con la electrificación y no sabemos que va a pasar", reflexionó Montejo.
