El sector energético nacional y europeo está fijando su interés en Andorra, que va a convertirse en un banco de pruebas de la transición justa en España y todo el continente con un modelo de desarrollo económico ligado a las renovables que vaya más allá de poner molinos y placas. Así trata de conseguirse con el concurso para otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad de 1.202 megavatios (MW) de potencia que han quedado liberados con el cierre de la térmica de carbón, una puja abierta el pasado 3 de noviembre por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que está levantando gran expectación, tanto por lo novedoso del procedimiento como por suponer la última oportunidad para encarrilar de una vez la maltrecha reconversión industrial de la zona.
En el proceso hay depositadas altas dosis de esperanza, pero entraña sus riesgos. No hay duda de que la competencia va a ser de alto voltaje ya que se da por segura la participación de grandes actores del mercado eléctrico como Endesa, Acciona, EDP y algún grupo europeo, así como empresas emergentes del ámbito renovable como Capital Energy o firmas aragonesas de renombre como Forestalia o Térvalis.
La licitación, a la que pueden presentar solicitudes hasta el próximo 4 de enero, tiene la particularidad de que no primará el precio sino principalmente los proyectos de acompañamiento que vengan bajo el brazo de las inversiones en parques eólicos y fotovoltaicos. Ganarán aquellas propuestas que planteen un menor impacto medioambiental y aporten más riqueza y empleo a los 34 municipios afectados por el fin de carbón. Este es el espíritu de las bases reguladoras del concurso diseñado por el Miteco, que ha hecho un gran esfuerzo legislativo para lograr que la subasta tenga un efecto arrastre que propicie la implantación en la zona de proyectos industriales e innovadores con los que apuntalar el salto a una economía verde.
Este proceso se ha alumbrado tras el cambio de criterio introducido por el ministerio que dirige Teresa Ribera, que ha fijado unas reglas de juego para que las eléctricas no conserven el acceso a la red de las centrales térmicas y nucleares que cierren y adjudicar este recurso a los proyectos que más impacto socioeconómico generen en las zonas afectadas. Así lo venían reclamando los alcaldes de los municipios y el Gobierno de Aragón desde que Endesa anunció la clausura de la instalación de Andorra hace ya tres años.
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, publicado a principios de 2019, señalaba que los propietarios de las centrales pudieran intercambiar esa capacidad de acceso y conexión a la red eléctrica por nuevas instalaciones de renovables. El Ejecutivo de Javier Lambán presentó alegaciones al borrador de la norma para que esta concesión se hiciera por un procedimiento de concurrencia competitiva, una fórmula que también fue recomendada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
No obstante, el ministerio ya contemplaba en la Estrategia de Transición Justa, que se publicó a la vez que dicho anteproyecto, la posibilidad de subastar la capacidad. El documento ya recogía en su articulado que los convenios incluirán para los territorios afectados «acceso prioritario a una parte o a la totalidad de la capacidad de evacuación eléctrica», así como para el uso del agua objeto de concesiones de los proyectos. También apuntaba a la puesta en marcha de «herramientas de política energética» para la implantación de iniciativas empresariales «pudiendo utilizarse la celebración de subastas específicas de renovables».
Cambio de criterio
Así es como ha visto la luz una subasta de renovables donde puntuarán aspectos como el empleo generado, la formación de desempleados, la participación de inversores de la zona, el efecto de arrastre en la industria y en los servicios o el fomento del autoconsumo. En concreto, los criterios asociados a la tecnología de generación podrán otorgar hasta 20 puntos; los de impacto socioeconómico para la zona, hasta 55; los de madurez del proyecto, hasta 15; y la minimización del impacto ambiental, un máximo de 10.
Las reglas fijadas también recogen filtros para evitar la especulación o que los aspirantes vaya de farol. Las empresas candidatas deberán presentar avales de 120.000 euros por megavatio para asegurar el impacto socioeconómico previsto por los proyectos, es decir, las inversiones estarán garantizadas con un depósito global de 144 millones de euros.
Tras los fallidos planes de reconversión del carbón puestos en marcha en las últimas décadas en Aragón, con más de 400 millones de euros invertidos por las arcas públicas, la esperanza de futuro de esta zona está puesta en este concurso. Supone la principal palanca del denominado convenio de transición justa, que sigue a la espera de firmarse más de dos años después de que lo anunciara Teresa Ribera en una visita a esta comarca, donde actualmente reina el escepticismo y la incertidumbre al ver que no acaba de materializarse ninguna actuación de relieve.
No es para menos cuando ha pasado ya un año y medio desde el cierre de la térmica carbonera, que supuso el punto final de una industria minero-eléctrica que lo ha sido todo para este enclave de Teruel. Las inversiones y proyectos empresariales prometidos en su día no han acabado de cuajar ni materializarse, por lo que este proceso es visto por los alcaldes como el último tren de futuro al que subirse. Las obras de desmantelamiento de la propia central son ahora mismo la única alternativa de empleo de relieve que ha surgido.
Algo más que 1.202 megavatios
Por todo ello, en el concurso de renovables se juega algo más que el reparto de 1.202 megavatios de potencia. Está en cuestión que la llamada transición justa haga honor a su significado y que sea un caso de éxito extrapolable a otros territorios que se han quedado huérfanos económicamente al despojarse del carbón. No en vano, se trata del primer procedimiento de este tipo que pone en marcha el Miteco –a través de Instituto de Transición Justa (ITJ)– y la propia Unión Europea (UE) sigue con atención lo que aquí ocurra. «Nadie se puede permitir que esto fracase, tiene que salir bien sí o sí», destaca un políticos conocedor de los entresijos del proceso.
El sistema de adjudicación de potencia renovable es también una prueba piloto para el ministerio, cuyo modelo podría extender al reparto de la capacidad de otros nudos del sistema eléctrico.
Los proyectos ganadores se conocerán en un máximo de ocho meses, una vez finalicen los plazos de alegaciones. El reto será precisamente que el concurso no acabe judicializado, como ha ocurrido con otros procesos similares impulsado en el pasado, como los que hizo en la DGA en el año 2010, según advierten desde el sector.
Solo Endesa, Acciona y Forestalia han reconocido públicamente su intención de optar a la subasta, pero se da por casi segura la participación de EDP, la italiana Falck (JPMorgan), Capital Energy o la compañía turolense Térvalis, según las fuentes consultadas, Estas dos últimas aseguran que todavía están estudiando qué hacer. Tampoco se descartan otros nombres como Iberdrola, Ignis o Gamesa. El tiempo dictará sentencia, pero nunca 1.202 megavatios renovables dieron para tanto.
Vía libra para que se prejubilen los últimos mineros
Los últimos mineros que ahora trabajan en las labores de cierre y restauración de las explotaciones de Samca y Compañía General Minera en Teruel pondrán prejubilarse en un periodo entre uno y dos años, como máximo. Así se ha ratificado en la última reunión de la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027. UGT y CCOO venían reclamando una solución para estos trabajadores que habían quedado fuera del plan social que finalmente ha sido aceptada.
