El asunto viene de lejos. 20 meses largos desde que Javier Lambán, presidente de Aragón, mandó a los magistrados «a hacer mascarillas» y provocó un malestar mayúsculo en la judicatura. Pidió perdón pronto el jefe del Ejecutivo, que desde entonces ha mantenido variadas discrepancias con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Su presidente, Manuel Bellido, si bien ha atemperado en modo verbal sus desavenencias, lamentó «el menosprecio» con el que les había tratado Lambán. «El Estado de derecho no está en cuarentena ni confinado», dijo en marzo de 2020. De paso, justificó que los juzgados de lo social de las tres provincias pidieran que los sanitarios dispusieran en 24 horas de epis, los equipos de protección individual que tan famosos se hicieron. Era el inicio. El conflicto empeoraría con el paso de decretos, órdenes, sentencias y recursos.
Fue un impacto la resolución judicial que en junio de 2020 condenó al Gobierno de Aragón y dio la razón a los sanitarios, que habían denunciado precisamente falta de epis. Fue el primer fallo de los muchos que ha dejado esta pandemia en la que los jueces se han convertido en protagonistas inesperados. No se aceptó entonces la «causa mayor» que alegó la DGA, contra la que han litigado sobre todo los empresarios hosteleros por sus numerosas y variadas medidas, que en algún caso duraron apenas una semana y que han generado confusión e incluso inseguridad jurídica.
Algo parecido ocurrió con el toque de queda, que dejó varios recados entre el Gobierno de la comunidad y el alto tribunal de Aragón, que ha ganado notoriedad en esta crisis por sus repetidas contiendas con la Administración. Ahí siguen, después de que el tribunal haya recordado en más de una ocasión que es el Ejecutivo, en consecuencia Sanidad, la autoridad competente para decretar las medidas. De esa manera les ha ido invitando bien a acudir al Supremo, bien a dictar las órdenes oportunas.
El Gobierno de Aragón se ha movido comunmente con celeridad, sin ocultar su incomprensión, con cabreo añadido casi siempre. Su último enfado se lo entregó el pasado lunes al TSJA en forma de alegaciones después del fallo de este tribunal del 30 de diciembre, cuando no concedió las medidas cautelarísimas solicitadas por la hostelería pero le dio un tirón de orejas a la DGA por los tiempos y las formas empleados en su última orden.
La Justicia, antes de adoptar una medida cautelar que acabaría de golpe con las últimas restricciones impuestas, había dado un plazo de cinco días hábiles al Gobierno de Aragón para presentar sus alegaciones. De paso, en su auto los magistrados dejaron caer varias críticas por la forma de actuar de la DGA, sobre todo por los plazos anunciados y ejecutados por Sanidad. Los magistrados expresaron su sorpresa «por lo inusitado del momento» en la toma de estas medidas, por exigir primero con premura la implantación del pasaporte covid y doce días después «parecer» que ya no servía de mucho e implementar nuevas medidas que causarán «con seguridad importantes perjuicios».
Anteayer llegó a la Justicia la respuesta del Gobierno de Aragón, donde advierte de entrada que, en caso de no aplicarse esa última orden que cerró las barras y ha dejado los horarios de cierre entre la medianoche y las 2.00, se volvería al nivel 2 sin modular decretado el pasado 8 de julio tras la explosión de casos entre los jóvenes. No están de acuerdo en este punto algunos abogados de la parte hostelera consultados por este diario, que recuerdan que el TSJA hace tiempo que anda «irritado» con la DGA al entender que «les echan los asuntos para que se mojen» en lugar de aplicar directamente las normas.
El control político debe llegar por parte de las Cortes y el control de la legalidad por parte de los tribunales, recuerdan los jueces, con los que también discrepa la DGA en su último escrito por que el auto «otorgue la razón a los recurrentes al afirmar que el Gobierno autonómico debería haber 'adivinado' el aumento de contagios en estas fechas y haber adoptado las medidas necesarias para frenarlo».
«Parece profundamente injusto –prosigue la DGA– que acuse ahora la Sala a la Administración sanitaria de no haber 'adivinado' que se iba a producir un incremento de casos, cuando dicha Administración viene advirtiendo de ello desde el 19 de noviembre, habiendo obtenido por respuesta de este Tribunal que ni el incremento era tal ni las medidas eran proporcionadas a dicho mínimo incremento, lo que ha llevado a su suspensión».
«Desprecio sistemático»
«Vemos que esta Sala viene sistemáticamente despreciando las advertencias de aumento de incidencia realizadas por la Administración sanitaria y suspendiendo sus medidas, lo que no le impidió el 30 de diciembre convenir en que el Gobierno autonómico debería haber 'adivinado' dicho incremento y haber adoptado medidas», remata el texto.
El escrito esgrime, además, no poder conocer cuál sería la situación epidemiológica a día de hoy si algunas medidas hubieran llegado a aplicarse. «Nunca lo sabremos, puesto que no llegaron a aplicarse con la extensión con las que las acordó la Administración. Sí parece claro que las medidas han resultado insuficientes con la extensión con las que la dejó este Tribunal», resalta el documento, que concluye pidiendo que se deniegue la medida cautelar de suspensión solicitada por los recurrentes. Si no lo hace así, llegará otro jaleo. Unos entenderán que es la vuelta a las normas del 29 de diciembre; otros, a las más estrictas de julio. Es el último encontronazo entre políticos y jueces con este virus de nunca acabar.
