La propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que los tres juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza asuman los casos de los tres partidos judiciales de Ejea, La Almunia y Tarazona, es decir, que asuman 108 municipios más, cuenta con un nuevo escollo. CHA ha anunciado que llevará al Senado una serie de iniciativas en las que reclamará al Gobierno de España, y en concreto al Ministerio de Justicia, que no atienda esta petición del máximo órgano de los jueces por entender que es "un recorte en los servicios". El Gobierno de Aragón, a través de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ya anunció nada más conocer los planes que emitirá un informe desfavorable, aunque no sea vinculante.
La responsable de la Secretaría de Feminismos de CHA, Isabel Giménez Uliaque, afirma que "si hablamos de reequilibrio territorial, de mantener un sistema de atención aragonés más cercano a la ciudadanía y de disponer de todos los recursos necesarios ante cualquier denuncia planteada con motivo de un caso de violencia machista, es necesario que el Gobierno de España tome las medidas adecuadas en esa dirección". "De no atenderse las reivindicaciones aragonesas estaremos perdiendo, una vez más, un servicio público en estas localidades, con todo lo que supone de retroceso en las políticas de reequilibrio territorial", señaló.
De igual modo, Chunta Aragonesista ha manifestado que los criterios de especialización no deben primar sobre el principio de inmediación, de aproximación y de acceso a la justicia de la ciudadanía. Por todos estos motivos, la formación ha dicho que la propuesta de centralizar la competencia judicial supondría un perjuicio añadido a la mujer víctima de un delito de violencia machista.
Los criterios que tuvo en consideración el CGPJ para determinar la conveniencia de la agrupación de los partidos judiciales se refieren, por un lado, a la carga de trabajo de los órganos judiciales y, por otro, a la dificultad que, para las víctimas, puede suponer la distancia entre su lugar de residencia y la sede del órgano judicial especializado. "La distancia que se considera razonable a día de hoy es aquella que gira en torno a los 50 kilómetros y no exige un tiempo de desplazamiento superior a los 40 minutos", afirmó el CGPJ en un comunicado. Circunstancia que no se cumpliría porque por ejemplo, una mujer maltratada en Farasdués, perteneciente al partido judicial de Ejea, tendría que recorrer los 90,3 kilómetros que le separan con Zaragoza circulando por la A-124, con un tiempo estimado de 1 hora y ocho minutos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, reconoció que en el seno de la Sala de Gobierno de TSJA no hubo unanimidad en la propuesta y que en el informe que se presentó al CGPJ se destacó que podía haber una contestación por parte del territorio. No obstante, Bellido afirmó que "no existe un problema cuantitativo" puesto que los tres juzgados Viogén de Zaragoza no asumirían una gran carga de trabajo si se diera el visto bueno a la propuesta.
3.561 mujeres víctima de la violencia machista
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2021 en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Aragón se contabilizaron 4.008 denuncias por este tipo de delitos, un 22,3% más que las presentadas en 2020. Se incoaron 867 medidas y órdenes de protección y seguridad y de ellas, se adoptaron 749 y se denegaron 115. En total, estos órganos judiciales adoptaron un 25 % más de órdenes de protección que en el año anterior.
En total, 3.561 mujeres sufrieron violencia machista en Aragón. Esta cifra supone un incremento del 31,5 % frente al número de mujeres que se sufrieron violencia machista en 2020, año en el que se contabilizaron 2.707 víctimas.
