En plena revolución rural en la que los vecinos de la España vacía piden políticas que paren la despoblación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso el jueves al Ministerio del Interior que los tres juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza asuman los casos que en estos momentos atienden los magistrados titulares de los partidos judiciales de Ejea de los Caballeros, Tarazona y La Almunia, es decir, que instruyan todos los asuntos de violencia machista que se den en los 108 municipios que los conforman. Una solicitud que ya tiene la primera posición contraria, la del Gobierno de Aragón. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, anunció este viernes que van a emitir un informe desfavorable para tratar de evitarlo y que hablará personalmente con la ministra Pilar Llop.

Los criterios que tuvo en consideración el máximo órgano de los jueces para determinar la conveniencia de la agrupación de los partidos judiciales se refieren, por un lado, a la carga de trabajo de los órganos judiciales y, por otro, a la dificultad que, para las víctimas, puede suponer la distancia entre su lugar de residencia y la sede del órgano judicial especializado. "La distancia que se considera razonable a día de hoy es aquella que gira en torno a los 50 kilómetros y no exige un tiempo de desplazamiento superior a los 40 minutos", afirmó el CGPJ en un comunicado.

Una circunstancia que para el Ejecutivo autonómico está "lejos de la realidad" de Aragón puesto que, por ejemplo, una mujer maltratada en Farasdués, perteneciente al partido judicial de Ejea, tendría que recorrer los 90,3 kilómetros que le separan con Zaragoza circulando por la A-124, con un tiempo estimado de 1 hora y ocho minutos.

Pérez apostó por "fortalecer el acceso a la Justicia" y dotar al medio rural de los servicios públicos con "igualdad de oportunidades", de ahí su opinión contraria. "Estamos haciendo lo contrario a lo que queremos combatir; estamos hablando de reto demográfico y si empeamos a descargar de servicios a los municipios estaremos contribuyendo a lo contrario", aseveró.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, reconoció que en el seno de la Sala de Gobierno de TSJA no hubo unanimidad en la propuesta y que en el informe que se presentó al CGPJ se destacó que podía haber una contestación por parte del territorio. No obstante, Bellido afirmó que "no existe un problema cuantitativo" puesto que los tres juzgados Viogén de Zaragoza no asumirían una gran carga de trabajo si se diera el visto bueno a la propuesta.

También rebatió que esta medida vaya en contra de uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto, el artículo 15 bis, en el que se especifica que «la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima». Consideró que "no hay vulneración de la norma".

3.561 mujeres víctima de la violencia machista

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2021 en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Aragón se contabilizaron 4.008 denuncias por este tipo de delitos, un 22,3% más que las presentadas en 2020. Se incoaron 867 medidas y órdenes de protección y seguridad y de ellas, se adoptaron 749 y se denegaron 115. En total, estos órganos judiciales adoptaron un 25 % más de órdenes de protección que en el año anterior.

En total, 3.561 mujeres sufrieron violencia machista en Aragón. Esta cifra supone un incremento del 31,5 % frente al número de mujeres que se sufrieron violencia machista en 2020, año en el que se contabilizaron 2.707 víctimas.