El Centro Fogaral, un proyecto instituido por Cáritas en Zaragoza en 1988 para prestar asistencia a mujeres que se mueven en un contexto de prostitución, ha sido testigo de cómo la pandemia de coronavirus ha precarizado todavía más la vida de este colectivo.
«Antes de la expansión del covid-19 el número de mujeres atendidas anualmente rondaba las 220, pero después de la crisis sanitarias hemos alcanzado las 579», informa Marta Jiménez, directora del proyecto, que tiene su sede en la calle Ramón y Cajal de Zaragoza. «Son más del doble», subraya la responsable de la entidad.
Curiosamente, apunta, el confinamiento las visibilizó a los ojos de la sociedad, dado que, al aumentar su pobreza, su precariedad y marginación, su terrible situación saltó a la vista y ya no era posible ocultarla.
«El confinamiento las hizo emerger» a ellas y al drama personal que arrastran, continúa Jiménez. Las propias víctimas de la explotación sexual se dieron cuenta de lo frágil que era la vida que llevaban y algunas de ellas se propusieron no volver a su dedicación anterior.
Volver a lo de antes
«Pero para ellas no había otra opción y volvieron», manifiesta. «La sociedad tomó conciencia del problema, pero aun así no les ofreció nada», asegura.
Las dificultades que afrontan las mujeres que practican la prostitución son muy numerosas y variadas. Pero la directora de Fogaral considera que se daría un importante paso adelante en la mejora de sus condiciones de vida si se introdujeran cambios en la Ley de Extranjería.
«Ahora mismo estamos recogiendo firmas para que el Congreso debata la apertura de un proceso de regularización extraordinario, dado que la mayoría de las víctimas de la explotación sexual son extranjeras en situación irregular».
Concederles permisos de residencia en España, continúa, sería un avance importante para permitir a partir de ahí su inserción social y laboral.
Forzadas a prostituirse
Fogaral y Cáritas, afirma Jiménez, no han adoptado una posición institucional en lo que respecta a las medidas abolicionistas que prepara el Gobierno central, que van en la línea de acentuar la respuesta penal para los proxenetas y los prostituidores (sin necesidad de que medie explotación), la penalización de los clientes y el castigo a los propietarios de locales utilizados para el ejercicio de la prostitución.
La encargada de Fogaral señala asimismo que es necesario incidir en «la visibilización de la figura del cliente o putero». «Hay que llevar a cabo una importante labor de sensibilización de la sociedad ya desde los planes de estudio».
«Se tiene que hacer un esfuerzo de imaginación para ver qué se les puede ofrecer a las mujeres» atrapadas en las redes del proxenetismo, pues Fogaral denuncia que se trata de una actividad masivamente impuesta, obligada, y en modo alguno voluntaria, como sostienen los partidarios de su legalización.
Claro que para realizar esta tarea, recalca Marta Giménez, es necesario contar con el presupuesto necesario y una gran coordinación entre las administraciones. «No es solo un problema que depende exclusivamente del Ministerio de Igualdad», sostiene.