El presidente del COE negoció en secreto la candidatura de los Juegos Olímpicos con Artur Mas y un imputado por corrupción

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, habría negociado en secreto la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès que está imputado en varios procedimientos judiciales por delitos de corrupción, según publica El Confidencial.

Este diario digital explica que los detalles de esta reunión, que tuvo lugar en noviembre de 2019, aparecen en un informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso Voloh, la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra el presunto desvío masivo de fondos públicos al movimiento independentista.

Según se cita en la información, se reunieron el presidente de la Diputación de Girona y alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, un histórico de Convergència Democràtica de Catalunya, y el entonces secretario general de Deportes de la Generalitat y actual secretario de Acción Exterior, Gerard Figueras, que solo cinco días después fue detenido por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Tras la comida, Figueras hizo unas llamadas, intervenidas por la Guardia Civil, y en una de ellas cuenta que en la reunión Blanco había propuesto realizar un acto en Zaragoza con la sociedad civil aragonesa, que el el propio Figueras había preguntado por la necesidad de realizar ese acto y que Noguer había respondido que no había que hacer "ni puto caso", que "ahora dicen que sí y después...".

Respecto a los aspectos económicos, según el informe de la Guardia Civil al que se refiere El Confidencia, Blanco explicó que el "Gobierno central" cubriría la mayor parte de los gastos y que el dinero se canalizaría a través del propio COE, pero para poner en marcha la candidatura reclamó presuntamente un pago inmediato de 400.000 euros y sus interlocutores plantearon que saldría de una empresa pública controlada por el Govern, Ferrocarriles de la Generalitat.