Se acabó un litigio que lleva casi diez años enfrentando al Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón. El Tribunal Supremo ha escrito este lunes el último capítulo en este trasiego de más de un lustro en los tribunales y de nueve años en los despachos, certificando lo que ya sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en noviembre de 2020: que la DGA deberá abonar al consistorio los 33,5 millones de euros que este le reclama por la construcción del tranvía en la capital.
El Alto Tribunal ha desestimado este lunes el recurso de casación presentado por el Gobierno aragonés despejando todas las dudas existentes en la raíz de esta controversia entre administraciones: la naturaleza del convenio suscrito entre ambos en 2009 para costear la construcción de la primera línea del tranvía en Zaragoza. Ya el TSJA había concluido que este no era de carácter subvencional sino de base "interadministrativo de colaboración y cooperación, de naturaleza obligacional" para el Ejecutivo autonómico.
Esta cuestión decisiva ahora se ratifica al asegurar el Tribunal Supremo que este acuerdo político tenía "la naturaleza que le asigna la sentencia recurrida (del TSJA en 2020) sin que tal apreciación pueda ser modificada ahora habida cuenta que está basada en datos y elementos fácticos cuya valoración no puede ser revisada ahora en casación"
En resumen, este pulso en los juzgados se resume en la historia de un revés anunciado para el Ejecutivo autonómico por el pago para unas obras que el Gobierno aragonés dejó de pagar siendo la conservadora Luisa Fernanda Rudi la presidenta de la comunidad y el socialista Juan Alberto Belloch alcalde de la ciudad. Los avatares de la Justicia han querido que sea otro socialista, Javier Lambán, ahora al frente de la DGA, el que deba abonar esa cantidad a otro conservador, Jorge Azcón, ahora a los mandos del Gobierno municipal.
Judicializado por ZeC en 2017
Pero el fallo del Alto Tribunal ya es firme y obliga a un desembolso que tiene su origen en un acuerdo político que la comunidad nunca llegó a cumplir. Lo más curioso es que fue un equipo de Gobierno municipal de otras siglas, de Zaragoza en Común (ZeC) quien puso la primera piedra de esta sentencia, llevando el asunto a los tribunales en 2017, cuando la DGA decidió unilateralmente aprobar la liquidación del convenio que regulaba esos pagos y que dos gobiernos socialistas, en la comunidad y el consistorio, habían firmado en 2009.
Todo partía de un compromiso político, el de la DGA con el consistorio zaragozano de aportar una cantidad económica fijada para la construcción de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, Valdespartera-Parque Goya, que empezó a funcionar parcialmente en abril de 2011 y con todo el recorrido completo en marzo de 2013. Un acuerdo de consenso firmado en un convenio que data de 2009 y que pautaba una serie de anualidades para que el Ejecutivo autonómico aportara 58.303.500 euros a la obra. La realidad fue que solo desembolsó 24.758.415 euros.
En el 2013 dejó de pagar la anualidad, casi diez millones, y tampoco atendió la del 2014 (otros 10) ni la del 2015 (otros casi 5). Tras dos años de trifulca política, en el 2017 el Gobierno aragonés decidió finiquitar ese convenio con una decisión unilateral, ya con Javier Lambán como presidente, sin pactarla con el ayuntamiento, que fijaba en 8.715.090,21 euros la liquidación, aunque luego la amplió a 8.987.048,32 en marzo del 2018. Ese dinero sí lo abonó, por lo que esa cantidad, según explican desde el consistorio, debe restarse a los 33,5 millones. Lo que ingresará Zaragoza serán, por tanto, los 24,5 millones pendientes, una cantidad a la que hay que sumar "los intereses generados desde la notificación de la sentencia, en noviembre de 2020, hasta que se haga efectivo el pago", una cifra que podría rondar el millón de euros extra..
Aquella decisión del Gobierno de Aragón de 2017 solo dejaba al consistorio la vía de los tribunales para reclamar a la DGA esos 33.545.085 euros restantes. Esos que primero el TSJA en noviembre de 2020 le condenó a pagar y que derivó en el recurso de casación ante el Supremo que ahora se acaba de pronunciar en la misma línea. Y ante esto, ahora al Gobierno de Lambán solo le queda pagar, una noticia que ha sido muy bien recibida por parte del equipo de PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Zaragoza.
El ayuntamiento ya no ofrece un plan de pagos
"Vaya por delante mi enhorabuena a la asesoría jurídica del ayuntamiento y a todos los funcionarios que han trabajado en esta cuestión. También a todos los gobiernos municipales, de todos los colores, que han defendido los intereses del ayuntamiento", ha dicho la portavoz del Gobierno de Azcón, María Navarro.
Ahora, explicó la también concejala de Hacienda, van a exigir "la ejecución de la sentencia" en cuanto esta se vuelva firme. "Cabe recordar que el alcalde, cuando el TSJA dio la razón al ayuntamiento (noviembre de 2020), ofreció a la DGA un plan de pago para esos 25 millones de euros. Si en lugar de haber recurrido al Supremo la comunidad hubiera aceptado la propuesta se podría ahorrar el dinero que tiene que pagar en intereses", ha apuntado Navarro.
Es decir, que el Ayuntamiento de Zaragoza ya no va a dar esa opción al Gobierno de Aragón. Ejecutar la sentencia significa pagar, y el consistorio ya no quiere demorar la llegada del dinero ni un minuto más. Desde la DGA solo han comunicado que "los servicios jurídicos están estudiando el fallo" pero que "respetan la sentencia del Tribunal Supremo y la ejecutarán".
Otro actor que ha entrado este lunes en escena es el exalcalde de ZeC, Pedro Santisteve, cuyo Gobierno decidió interponer el recurso contra la decisión de liquidar el convenio que tomó la DGA. "Se recogen los frutos de una defensa del interés público que hoy queda ratificada con esta sentencia", ha afirmado el exprimer edil. Asimismo, Santisteve ha pedido que el dinero, los más de 25 millones, "se inviertan en la mejora de los servicios públicos, con el impulso decidido de la línea 2 del tranvía".
