Ahora que tanto se habla del nuevo modelo de residencias, más personalizado, en Plena Inclusión hace ya tiempo que lo vienen llevando a cabo en Aragón. Y de hecho, van a dar, con un nuevo proyecto de innovación social denominado Mi casa, una vida en comunidad, que en Aragón será ya una realidad en octubre. La iniciativa promueve un modelo por el que los usuarios con gran discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo dejarán las residencias o el entorno familiar para trasladarse a pisos ordinarios, pero con apoyos individualizados. Se trata de personas dependientes de grado 3 o con más del 75% de minusvalía: no tienen movilidad o es muy reducida, necesitan ayuda para asearse, no pueden comunicarse o tienen problemas de salud mental.
Será en octubre cuando 26 personas comenzarán esta aventura, que les llevará a vivir en ocho viviendas en Teruel, Andorra, Monzón, Barbastro y cuatro en Zaragoza, gestionadas por cuatro entidades en Aragón (Plena Inclusión ejerce como coordinador): Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós. El proyecto es nacional y en los próximos dos años se pondrán en marcha 66 viviendas, para 284 personas, en 33 pueblos o barrios de siete comunidades, entre ellas Aragón. El presupuesto es de 25 millones, que vienen de los Fondos Europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aplicado por el gobierno, de los que 2,5 corresponden a la comunidad.
El objetivo de Plena inclusión es integrar a las personas en «todos los ámbitos de la vida, la educación, el empleo y la vivienda», señala Esteban Corsino, coordinador del proyecto en Aragón. Hasta ahora está demostrado que la mayor parte de las personas con discapacidad intelectual viven con la familia o en zonas residenciales, y este es «un modelo útil» pero se necesita «avanzar hacia la desinstitucionalización», un camino en el que Europa lleva tiempo trabajando. «Son pocos casos o ninguno, los que viven en pisos ordinarios y eso significa que tienen menos oportunidades que el resto para llevar una vida como la de cualquier persona»
Esta vida en comunidad servirá para «mejorar la calidad de vida de las personas». Este proyecto se implanta hasta 2024 y durante este tiempo se estudiará a las personas para ver «si ha mejorado su vida»; pero también se evaluará «los costes económicos reales de estos recursos» y el «impacto en la comunidad». No se trata de «abrir un piso, sino que estarán presentes en la comunidad, participando y tomando decisiones que les afecten», porque se pretende la «inclusión de las personas» con grandes necesidades que, como «siempre están en las instituciones, pocas veces vemos y tienen mucho que aportar».
Además, tienen el compromiso de la Consejería de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, que se ha comprometido a «mantener estos recursos más allá de 2024», dice Corsino, ya que «costaría emprender que a las personas que empiezan esta nueva vida, se les impida continuar con su vida».
