El kilo de cobre se pagaba hace dos años a 5,5 euros. Ahora, pese a haber bajado en los últimos meses, está en 7,7 euros. El metal supone un negocio boyante, legal e ilegal, con bandas dedicadas a robarlo, sobre todo cuando el material está caro, en transformadores y subestaciones, huertos solares, líneas telefónicas, tendido eléctrico y catenarias. Junto a los episodios vandálicos, sin ánimo de lucro, el delito supone un grave problema para el funcionamiento de los trenes en toda España.
Según datos proporcionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la sustracción de cables afectó el pasado año a 808 trenes y solo en el primer trimestre de 2022, fueron 258 ferrocarriles se vieron retrasados. Y en el caso concreto de Aragón, fueron 40 los convoyes que se vieron afectados, el 5% que en todo el país. El ritmo de los robos se ha intensificado.
El caso reciente más sonado tuvo lugar el pasado lunes por la mañana. El hurto en Tarragona de 600 metros de fibra óptica (que por otra parte contiene muy poco cobre) suspendió durante cinco horas la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Figueres. En la estación de Delicias, como en las de Puerta de Atocha o Sants –aunque en menor medida– se vivieron escenas caóticas, con numerosos pasajeros atrapados sin alternativa de transporte, y en un día de agosto que para muchos de ellos era el inicio de sus vacaciones para poner rumbo a su destino.
Y mientras los afectados se afanaban por buscar un asiento libre en otro tren, cancelar sus billetes para buscar otra opción por carretera o simplemente obtener algo de información para saber a qué atenerse, los Mossos iban detrás del presunto autor del robo, al que acabaron deteniendo: un joven de 19 años al que le confiscaron el material robado y ahora se enfrenta a una posible pena de hasta cinco años de cárcel era el causante de la mayor afección de los últimos meses al servicio de alta velocidad en este corredor.
Pero aquí España, que produce en torno a 170.000 toneladas métricas de cobre al año, tampoco es una excepción. Las infraestructuras ferroviarias del Reino Unido, por ejemplo, se enfrentan desde hace años a un problema similar con este metal conductor fácilmente reciclable, de vida ilimitada, del que depende la electricidad, los transportes, las telecomunicaciones y el abastecimiento de agua en las ciudades.
Incidencias al alza
Adif registró 149 incidencias por sustracción de conductores eléctricos en 2019, ya fueran cables de toma de tierra, multiconductores, de circuito de vía, de catenaria o de energía. Aquel año se vieron afectados por este motivo 479 circulaciones. En 2020, marcado por las restricciones a la movilidad debido a la pandemia, la cifra de incidencias bajó a 121. Pero en 2021 los robos se dispararon, hasta llegar a 277: 808 trenes sufrieron retrasos, con Andalucía, Cataluña y Madrid como territorios más castigados.
Aragón
En el caso de Aragón, se puede decir que la fiebre por el llamado oro rojo se alivió en los últimos años de la mano de la pandemia y el quebradero de cabeza que suponía hace cinco años en las infraestructuras ferroviarias, y a los sufridos viajeros afectados, parece estar siendo muchos menos.
Al parecer ya no actúan, o al menos no tanto, esas bandas organizadas con un modus operandi especializado que ponían en jaque el servicio sustrayendo kilómetros de cable cada año, toneladas de un material que lleva tiempo cotizándose al alza en el mercado. La realidad es que la estadística ha caído considerablemente y ahora los robos se miden en metros, no kilómetros, de cable. Antes del covid, en 2019, la cifra ya había descendido a solo 686 metros: 65 en la provincia de Huesca, 150 en la de Teruel y 471 en la de Zaragoza. Un año después, ya con el covid campando a sus anchas por todo el mundo, se cuantificaron solo 16 metros, todos ellos en la de Zaragoza. Ni la de Huesca ni la de Teruel sufrieron sustracciones.
El año pasado, parte de esos 40 trenes afectados en la comunidad vienen dados por el robo de 3.104 metros de cable de cobre en Aragón. La cifra se cuadruplicaba en solo un año, si bien la provincia turolense seguía ajena a esta problemática, no así en la de Zaragoza, donde con 3.074 metros se localizaba la práctica totalidad de esos robos. En la de Huesca solo sustrajeron 30 metros.
A nivel nacional
La tendencia fue a más en toda España a principios de 2022. Solo durante el primer trimestre, último periodo del que dispone datos el ente público, ya ha habido 102 incidencias, que afectaron a 258 servicios. De seguir a este ritmo, este año se cerrará con más de mil trenes con retrasos debido a los robos. En total, en estos tres años y medio se han sustraído 111 kilómetros de cable, una distancia similar al trayecto en coche entre Zaragoza y Caspe.
Aún así, pese a la tendencia al alza, la magnitud del problema es menor que, por ejemplo, entre 2014 y 2018, cuando unos 6.500 trenes, una media de 1.300 al año, sufrieron retrasos por robos de cables para obtener cobre, un negocio ilegal muy lucrativo y difícil de combatir, ya que el cable no está identificado.
La reventa
El ladrón lo vende a un «blanqueador» por un precio que depende de lo que cueste el metal en el mercado legal, este a su vez lo pone en el mercado por el doble de lo que ha pagado, y el distribuidor, finalmente, cobra por su venta dos veces más que el precio que ha desembolsado. Una parte importante del material sustraído acaba en la India y, sobre todo, en China, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Mientras, Adif, que distingue en sus estadísticas entre actos vandálicos y robos de cable, pone el acento que los primeros han sido tradicionalmente más numerosos y ahora son las sustracciones «las que provocan mayor número de incidencias a partir de 2021». En total, sumando ambos conceptos, entre 2019 y el primer trimestre de 2022 se registraron 2.284 incidencias que afectaron a 5.800 trenes. El retraso global fue de 107.000 minutos, es decir, más de 74 días, y las provincias más afectada fueron Madrid (286 casos), Barcelona (220), Sevilla (161), Asturias (62) y Tarragona (31).
