Aragón celebra este año el 40 aniversario desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía, pero en estas cuatro décadas no se ha abordado de manera específica la compatibilización de la maternidad y la paternidad con el ejercicio de un cargo público. No hay legislación específica, ni en las Cortes de Aragón ni en la ley que regula la presidencia del Gobierno y el propio Ejecutivo autonómico, para afrontar los permisos necesarios que exige el nacimiento de un bebé. En ambos casos, la normativa se asimila a una baja por enfermedad, aunque no sea lo mismo.
Y también hay matices en las principales instituciones aragonesas. Mientras el Parlamento aragonés permite desde la pasada legislatura el voto telemático a los diputados de baja, en el Gobierno de Aragón no está prevista la participación telemática en el Consejo de Gobierno ni en las intervenciones parlamentarias. Una cuestión pendiente que cabría preguntarse qué relación guarda con que, durante décadas, el espacio de poder haya estado reservado principalmente a los hombres.
Hace tiempo que eso cambió. En la actual legislatura, las mujeres son mayoría en el Parlamento autonómico (34 por 33 hombres), hace ya once años de que Luisa Fernanda Rudi jurara el cargo como primera presidenta de la comunidad autónoma y, en 2016, Violeta Barba se convirtió en la primera mujer en ostentar la presidencia de las Cortes de Aragón.
No ha sido, sin embargo, hasta 2022, cuando la comunidad autónoma ha tenido una consejera embarazada en el ejercicio de su cargo. Maru Díaz, titular de Ciencia y Universidad, líder también de Podemos Aragón, dará a luz en pocos días y será la primera mujer en Aragón en disfrutar de un permiso de maternidad siendo consejera.
El posparto, asimilable a una baja por enfermedad
En el caso del Gobierno de Aragón, la baja de maternidad o paternidad se rige como cualquier permiso de enfermedad. Así, para la sustitución de la consejera, según el artículo 1.2 de la ley del Presidente de Aragón, la sustitución "se determinará por la persona titular de la presidencia, mediante decreto, entre las y los miembros del Gobierno". En este caso, con un Ejecutivo cuatripartito, y con Podemos ostentando solo una cartera, será necesariamente un representante de otro partido quien comparezca por Díaz.
En el caso de la delegación de las competencias principales de la consejera, como la firma de documentos oficiales, la sustitución se rige por la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en la legislación autonómica, en la ley 5/2021, de 29 de julio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. En el Departamento de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, la delegación de la firma oficial de la consejera Díaz pasará a su secretario general técnico, Iván Andrés, tal y como anunció la titular, "porque es quien mejor conoce el departamento".
Ausencia en el Consejo de Gobierno
Mientras esté de baja, Díaz no podrá estar presente en los Consejos de Gobierno del cuatripartito, donde es la única representante de Podemos, aunque sí habrá representación del partido morado en los llamados consejillos, las reuniones previas de los equipos de cada consejería donde se deciden los temas y cómo abordarlos.
Dadas las buenas relaciones entre los cuatro socios (PSOE, PAR, CHA y Podemos), nadie teme que la ausencia de Díaz se pueda traducir en la aplicación de medidas que Podemos no aprobaría. Pero el hecho de que no esté previsto por ley cómo se delega esa representación en alguien del mismo partido deja en el aire la pregunta de qué pasaría si las relaciones entre socios fueran malas.
Con estas circunstancias, Díaz ha optado por disfrutar solo de la baja de maternidad obligatoria y prevé estar fuera de su puesto "seis o siete semanas", una decisión que se repite en buena parte de las madres con responsabilidad política. Ya lo hicieron a escala nacional Soraya Sáenz de Santamaría (que no llegó apenas a utilizar su permiso), Susana Díaz (que disfrutó de 45 días), Carme Chacón (disfrutó solo de la mitad de semanas y cedió el resto a su pareja) o la ministra de Igualdad, Irene Montero.
La politóloga Carmen Lumbierres reconoce que "el ejercicio de la política en el poder ejecutivo en el máximo nivel es incompatible ahora mismo con una baja por maternidad ‘normal’". "La política no es una profesión con horario regulado de 9 a 5, no tienes fines de semana, ni espacio para la desconexión, se hace política siete días, 24 horas, y más como suele ser habitual, cuando se compagina con un cargo orgánico del partido", añade, antes de recordar las circunstancias de otras líderes que decidieron parar lo mínimo pese a haber sido madres.
"No puedes ser vicepresidenta del Gobierno y desaparecer varios meses. Así lo decidió Soraya Sáenz de Santamaría y le cayeron todas las criticas del mundo, lo mismo pasó con Inés Arrimadas o Irene Montero, o Susana Díaz en su momento en el ámbito autonómico como a Aitana Mas, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, cuando tomó posesión recientemente de su cargo se encontraba de baja por maternidad y dijo sí, porque hay tiempos y decisiones que no esperan a la maternidad o a otra cuestión personal", reflexiona.
La paradoja de reclamar desde el Ministerio de Igualdad y el feminismo ampliar las bajas de maternidad y paternidad, mientras las políticas –y los políticos– casi nunca las disfrutan es una cuestión por resolver.
"Será poco ejemplarizante para una parte del feminismo que no disfruten de un derecho reclamado y conseguido para todas, pero me parece más importante reconocer que no hay un único patrón en la gestión de la maternidad y de la paternidad", añade Lumbierres, que pone el foco también en la paternidad. "No se establecen tantos análisis, tantas opiniones cuando son los políticos los que tienen hijos. Me parece que debe prevalecer la capacidad y el respeto a decidir cada una sobre su propia vida", concluye.
