Un inesperado escándalo ha sacudido con fuerza hace poco más de una semana la calma en las instalaciones de Cermi Aragón en Zaragoza. Hace unos diez días detectaron que faltaban de una de sus cuentas «al menos 130.000 euros» y han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Porque al parecer, y según ellos mismos han explicado a las administraciones públicas de las que reciben subvención, alguien de la organización los podría haber desviado a otros fines distintos a los que estaban destinados. Se sospecha que se podría haber apropiado de ese dinero y llevan más de una semana recopilando información porque, como ellos mismos admiten, el agujero podría ser mucho mayor. De momento se desconoce hasta donde llega la profundidad de este posible desfalco de dinero. Cermi es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
La semana pasada se encendieron todas las alarmas y están recopilando desde entonces en el seno de la entidad toda la información posible. Sobre todo de las cuentas y ejercicios cerrados de los últimos 9 años, que es el tiempo que llevaba en la entidad una de las personas que, a priori, parece estar en el foco de todas las miradas. Se trata del director técnico de Cermi Aragón, Daniel Bes, que ha sido apartado de su puesto de forma fulminante y al que se le bloquearon todas las claves de acceso a las cuentas e información personal dentro de la entidad nada más destaparse este desfalco de dinero que, no obstante, por el momento nadie ha denunciado en comisaría ni ha desvelado las supuestas pruebas que le señalan como responsable.
Pero lo único confirmado de momento es que está apartado, que es la única persona a la que se le ha aplicado esta medida preventiva y que, según las fuentes consultadas por este diario, sus propios actos le han podido delatar.
El relato de los hechos deberá plasmarse en la denuncia que se espera presentar la próxima semana. Aunque de momento, de forma oficial, Cermi Aragón no ha querido aportar muchos detalles de una investigación que sigue en curso. Por atar bien los cabos de sus sospechas y, por lo que parece o han explicado a otras personas, hay algo más que indicios en su contra, pero sobre todo porque al parecer lo que no está confirmado es que no haya más personas implicadas en este desvío de fondos de la entidad sin ánimo de lucro.
El error que destapó todo
La alerta salta porque quien sea responsable de este robo o desfalco de dinero de la entidad se le fue la mano y dejó sin fondos la cuenta corriente de la que sustraía el dinero para otros fines. De hecho, nada de esto se habría descubierto si no hubiera dejado facturas pendientes de pagar porque, sencillamente, no había dinero en la cuenta. Aunque otras fuentes consultadas apuntan a que se detectó en «un control rutinario» de las cuentas bancarias.
Sea como fuere, tampoco la persona que parece estar señalada en este caso es una cuestión baladí. Al margen de ser uno de los responsables en el organigrama de la entidad en Aragón, su nombre, Daniel Bes, va íntimamente ligado al de José Antonio Bes, su padre y que fue quien promovió en el año 2000 la creación de Cermi Aragón tal y como se conoce hoy. Su nacimiento en la comunidad como delegación del llamado Comité Español Representante de Personas con Discapacidad. Aparte de ser uno de los impulsores, su labor como secretario general en ella contribuyó durante 15 años a darle el reconocimiento y prestigio del que goza en todo Aragón, además de ser una de las asociaciones en la que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza llevan confiando desde sus orígenes.
Un asunto "interno" para la DGA y el ayuntamiento
Quizá por ello, una de las primeras llamadas realizadas desde Cermi Aragón, por el presidente actual, Luis Gonzaga, fue al Gobierno aragonés. Directamente a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, Mariví Broto. Por la confianza demostrada durante años y porque, según aseguran las fuentes consultadas por este diario, la cuenta que ha sido objeto de este presunto desfalco es la misma en la que cada año se ingresa el dinero que se recibe procedente del convenio suscrito con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), de 100.000 euros anuales según figura en las propias cuentas de la entidad y de la comunidad autónoma.
Gonzaga también se puso en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente con el responsable municipal de Acción Social en el consistorio, Ángel Lorén, para advertirle de lo ocurrido y de la investigación en curso, aunque en este caso, la ayuda que percibe de la ciudad parece que no se ha visto afectada, probablemente porque se ingresa en una cuenta distinta. Aunque este aspecto no está confirmado por ninguna de las partes, que ayer, a preguntas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se limitaron a confirmar la comunicación de lo ocurrido por parte de la entidad. Es decir, constatan que ambas administraciones están al corriente tanto del robo detectado como de la investigación en curso, que ahora siguen a la espera de su conclusión y que consideran este asunto como una cuestión «interna» de Cermi.
Todos los pasos dados hasta ahora, según las fuentes consultadas por este diario, apuntan a una misma persona, Daniel Bes, que ya está apartado de su cargo de director técnico que ostenta desde 2013. Un trabajador de la entidad que, obviamente y a la vista de lo ocurrido, tenía acceso a esas cuentas y que ahora obliga a echar la vista atrás durante los últimos nueve ejercicios como mínimo. De momento el periodo revisado hasta la fecha obedece al comprendido entre 2020 y 2021, pero el alcance de este agujero en estos momentos es inimaginable para la entidad, que tampoco descarta que en esta investigación identifiquen a más responsables del desfalco de dinero.
La decisión del Comité Ejecutivo
Mientras, el asunto todavía no está judicializado pero lo estará. Una vez conocido lo ocurrido, se convocó de urgencia al Comité Ejecutivo para ponerlo en conocimiento de sus miembros, y se decidió abrir esta investigación en curso para formalizar en los próximos días la denuncia en comisaría. Piensan llegar hasta el final para identificar a los responsables y limpiar el buen nombre de Cermi en la comunidad autónoma, y la fecha depende únicamente de lo que se tarde en recopilar todas las pruebas.
Aunque en el caso de Daniel Bes hay alguna más que le señala como sospechoso aparte de los movimientos que pudiera haber autorizado en las cuentas bancarias. Y es que, al parecer y siempre según las fuentes consultadas por este diario, el pasado fin de semana accedió a las oficinas de Cermi en la calle Concepción Saiz de Otero del Actur, en Zaragoza, para intentar acceder a su ordenador. Pero en esta ocasión no pudo hacerlo, se encontró con todas las claves personales bloqueadas, no solo las que le daban acceso a las cuentas.
Algunas de las incógnitas que deja tras de sí la irregularidad detectada son preguntas importantes: ¿cómo pudieron cuadrar las cuentas de todos estos años si una o varias personas estaban desviando dinero a otros fines? ¿Por qué los controles rutinarios no lo detectaron anteriormente si la actuación se remonta a varios ejercicios? ¿O por qué tenía el director técnico acceso a las cuentas de la entidad? Algunos de estos interrogantes son más fáciles de responder que otros y la investigación interna o la que abra el juzgado lo despejará pero de momento están en el aire y sin responder para la opinión pública, ya que desde la entidad no quieren hacer valoraciones al respecto ni avanzar detalles de la investigación en curso.
Además, cabe señalar que gran parte del dinero que recibe Cermi Aragón cada año, al ser una organización de carácter social y sin ánimo de lucro, son aportaciones de las diferentes administraciones públicas que contribuyen a sostener su funcionamiento, por lo que son fondos públicos que cada ejercicio se reciben y que nunca ha dado la más mínima muestra de realizar una mala gestión del mismo, al revés.
Por ejemplo, según consta en los presupuestos de la entidad del año 2020, uno de los que se están revisando, Cermi recibió los 100.000 euros antes mencionados del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS); 11.000 euros de las cuotas de sus socios; 15.000 euros del Ayuntamiento de Zaragoza; y 1.500 euros de Ibercaja. En total, sumando todas las cantidades, los ingresos de esta entidad ascienden hasta los 127.500,00 euros según consta en su propia página web, por lo que los 130.000 euros sustraídos de las cuentas bancarias de la organización suponen un agujero que supera todos los ingresos recibidos a lo largo de ese año.
El presupuesto de aquel año está cuadrado al céntimo según las cuentas que publica la entidad. Es decir, si los ingresos fueron 127.500 euros, los gastos fueron de 127.500 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. Pero ahora queda claro que algo falló.
¿A qué se dedica esta organización?
Cermi es el Comité Español Representante de Personas con Discapacidad y es una federación de entidades del tercer sector que funciona como interlocutor con las administraciones de cara a conseguir que su voz sea escuchada en las instituciones. Es, por tanto, quien actúa de intermediario entre los Gobiernos y estas organizaciones, que dependen principalmente, dado su marcado carácter social, del dinero público que consiguen a través de las subvenciones.
En todo el país, esta federación representa a más de 300 entidades y en Aragón destacan ONCE, la Fundación DFA, Atades, Plena Inclusión, la Fundación Ramón Rey Ardid, la Fundación Down y la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).
Cermi, que no tiene ánimo de lucro, es por tanto y además la plataforma a través de la cual las entidades que agrupan y defienden los intereses de las personas con discapacidad. A nivel nacional es también la encargada de organizar, por ejemplo, los principales actos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre.
En su memoria de actividades en Aragón del año 2020, el último del que se dispone información publicada, constan proyectos como un concurso de pintura, reuniones con el Gobierno de Aragón y los grupos parlamentarios para trabajar en el desarrollo de la ley de Discapacidad.