Las ayudas al alquiler llegarán a los jóvenes "de forma inminente"

Aragón es una de las siete comunidades autónomas que acumula retraso a la hora de pagar el Bono al Alquiler Joven, ese decreto ley que entró en vigor hace un año y que tiene como objetivo aligerar la carga económica que los menores de 35 años, con empleo, destinan al alquiler de su vivienda. El Gobierno central destinó a Aragón 15,2 millones de euros como presupuesto de un apoyo económico que durará dos años. 

Una ayuda estatal que está administrada por las comunidades autónomas, razón por la que el envío de solicitudes, tramitación y pago del bono lleva diferente velocidad en función de a qué lugar del territorio nacional se mira. Mientras que algunas comunidades, como Asturias, Comunidad Valenciana o Ceuta, ya han comenzado el pago del bono, Aragón sigue ultimando la tramitación de las ayudas, que llegarán «de aquí a comienzos de marzo, de manera inminente». 

La tardanza en el Bono Alquiler Joven: A la espera de la resolución

La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación ya tiene avanzados aquellos beneficiarios del bono, las solicitudes rechazadas y un grueso que se mantiene a la espera de saber en que lado de la balanza caerá su caso. Hasta el momento, 1.275 jóvenes aragoneses han hecho llegar su documentación a este área, que depende del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. 703 han sido admitidas y según informa la directora general del área, Verónica Villagrasa, «algunos de los beneficiados ya están recibiendo las instrucciones para completar los últimos pasos». 

En el otro extremo de la clasificación, hasta 290 expedientes han sido rechazados por no cumplir con los requisitos indispensables para recibir esta ayuda al alquiler. Por último, 282 siguen a la espera de tramitación, ya que desde la dirección general se les ha solicitado más documentación, para saber si finalmente recibirán el bono o no podrán acceder. 

Estos potenciales 985 aragoneses todavía no han recibido ni un pago y Aragón se mantiene como una de las comunidades que avanza a menor velocidad en este campo. Las razones, como en casi todas las circunstancias de gran calado, no son sencillas. 

«La agilidad en la tramitación es un problema de las comunidades autónomas», admite Villagrasa, que defiende que «toda la sociedad debe saber que esto es un proceso muy largo, no algo que se resuelve en un momento». Estos problemas a la hora de sacar adelante este tipo de trámites pueden originarse por «falta de personal o por la distribución del mismo, porque hay varias fases y todas tienen que estar equilibradas».

«Debemos abordar este problema desde una perspectiva un poco más general, atendiendo a todo lo que hace este departamento», argumenta la directora general, que asegura que «cada comunidad dirige sus esfuerzos a un programa u otro, así como en cada región se gestionan un número diferente de proyectos y con un presupuesto distinto en cada caso». 

El pago del bono

En lo que sí está trabajando insistentemente la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación es en que la ciudadanía conozca cómo funciona esta ayuda y sepa que la responsabilidad individual es clave para seguir adelante con el bono.

«El ciudadano debe seguir presentando sus recibos durante todo el proceso, hasta que se cumplan los 24 meses de la ayuda», advierte Villagrasa, que deja claro que «es responsabilidad ciudadana, no del gobierno autonómico». 

Para recibir el Bono al Alquiler Joven, el usuario debió presentar en un primer momento «todos los recibos del alquiler que tenía a su disposición», desde comienzos de 2022 hasta el momento en el que se hiciese el trámite, que se abrió a mediados de septiembre y se extendió hasta el 28 de noviembre.

En el caso de que la DGA conceda esta ayuda, el beneficiario deberá presentar «las facturas que se han generado entre el momento en el que se solicitó la ayuda y el momento en el que se le comunica que va a recibirla».

La tardanza en el Bono Alquiler Joven: A la espera de la resolución

El papel del ciudadano no termina ahí ya que, durante los dos años que se extiende la ayuda, debe aportar «mensualmente o cada dos meses» el nuevo cobro del alquiler. Este plazo puede ser como máximo bimensual ya que, como explica la directora general, «si se tarda más de tres meses, el beneficiario pierde el derecho a seguir cobrando esta prestación».