SERVICIOS SOCIALES

Aragón alcanza el récord con más de 39.000 dependientes atendidos

Los beneficiarios de la ley de Dependencia en la comunidad han crecido en más de 400 personas en el último mes de julio para lograr un dato histórico desde que en 2007 entrara en vigor la norma

La lista de espera baja por primera vez de los mil usuarios y el llamado limbo de la dependencia se sitúa en 854 aragoneses

Una mujer mayor, con un andador, en una residencia de ancianos, en una imagen de archivo.

Una mujer mayor, con un andador, en una residencia de ancianos, en una imagen de archivo. / CARLOS MONTANYES

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Desde que en enero de 2007 entrara el vigor la ley de Dependencia en España, el sistema que gestiona esta prestación social ha sufrido diferentes oscilaciones que han dejado cifras cambiantes durante cuatro legislaturas. Ahora, 16 años después de la aplicación de la normativa, Aragón ha alcanzado su cifra récord de dependientes atendidos al superar, por primera vez en la historia, los 39.000 usuarios.

En concreto, y según datos del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, eran 39.213 personas las que figuraban en los registros a fecha de 31 de julio de 2023. Es decir, el lunes pasado. Por poner solo algunas fechas, 2011 terminó en Aragón con 23.884 personas atendidas; 2015 se bajó a las 6.000 y 2019 finalizó con 31.000 personas. Solo en este último mes de julio, los beneficiaros en la comunidad se han incrementado en casi 400 respecto a junio para alcanzar un dato histórico que ahora tendrá que gestionar el nuevo Ejecutivo autonómico.

La concesión de cada vez más prestaciones se ha mantenido al alza en la comunidad desde 2018, cuando la financiación por parte del Gobierno central empezó a incrementarse. En los años previos, no fueron pocas las veces que desde el Ejecutivo autonómico de Lambán se reclamó a Madrid más dinero.

Consecuentemente a esta mayor distribución de las ayudas, la lista de espera también ha ido a la baja en la comunidad y, en este sentido, se ha alcanzado otro hito: el llamado limbo de la dependencia, por primera vez, está por debajo de las mil personas. En concreto, el dato se sitúa ahora en 854 personas. Se trata de usuarios que tienen reconocido el derecho a la dependencia, pero que todavía no han recibido el PIA (Programa Individual de Atención) para la prestación. A finales de 2015, este limbo se situaba en 15.000 dependientes, dejando a Aragón a la cola de todas las comunidades.

Esta cuestión, precisamente, era una de las más vergonzantes de la aplicación de la ley de Dependencia en la comunidad porque hubo numerosas personas que fallecieron sin haber recibido ni una sola ayuda tras años de espera, a pesar de tenerla reconocida.

Más agilidad en los procesos

Atajar esta cuestión fue una de las prioridades del Gobierno de Aragón de Lambán cuando llego al cargo en 2015, de tal manera que se incorporó más personal al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) -encargado de esta ayuda- y progresivamente se fueron agilizando los procesos administrativos de resolución de expedientes. De hecho, se ha conseguido que todas las peticiones de dependencia sean atendidas en tiempo y forma de acuerdo a la ley, es decir, en un plazo máximo de seis meses.

La desburocratización del sistema, clave

Una de las cuestiones que ha sido clave para agilizar la resolución de expedientes y conseguir reducir la lista de espera en dependencia fue la aprobación, el pasado mes de marzo, de la Orden que modificaba la que regulaba los servicios y prestaciones (de 2013) y la propia Orden de procedimiento. Este cambio supuso una mejora cualitativa del sistema porque, entre las medidas que recogía el documento publicado, estaba la desburocratización del procedimiento. Antes de esto, una de las principales quejas de las familias era que, a la hora de solicitar la dependencia, el papeleo y los procesos se dilataban mucho en el tiempo. La simplificación de los trámites (se redujo la cantidad de documentación requerida) ayudó a flexibilizar también las posibilidades de intervención y, además, la opción de la tramitación telemática abrió otra ventana para reducir ese limbo de usuarios en espera.

Del mismo modo, otro de los cambios que ha permitido ampliar la prestación a más personas es el hecho de que las personas con grado I de dependencia puedan acceder también al servicio de residencia. Además, las cuantías máximas de las prestaciones para las personas con menos recursos económicos se han incrementado, mientras que se han creado nuevas prestaciones vinculadas al servicio y se ha permitido la compatibilidad de ciertos servicios para favorecer la permanencia de la persona en su domicilio.

En estos momentos, la mayoría de los dependientes atendidos están en la provincia de Zaragoza, con 23.783 beneficiarios, seguidos de los 10.733 en Huesca y los 4.697 en Teruel. La concesión de cada vez más prestaciones de acuerdo a la ley se ha mantenido al alza en la comunidad desde 2018, cuando la financiación autonómica por parte del Gobierno central empezó a incrementarse. En los años previos, no fueron pocas las veces que desde el Ejecutivo autonómico de Lambán se reclamó a Madrid más dinero para poder aplicar este derecho porque, según se insistió entonces, el Estado apenas aportaba un 18% de financiación y no el 50% que fija la ley.

Se ha conseguido que todas las peticiones de dependencia sean atendidas en tiempo y forma de acuerdo a la ley, es decir, en un plazo máximo de seis meses.

Así, el montante del Gobierno de España para desarrollar la ley de Dependencia en Aragón ha pasado de 31.285.166 euros en 2015 a una estimación de 96.881.180 euros en este 2023. En esta partida se incluye el premio que recibió Aragón por cumplimiento de objetivos y por la buena gestión de la normativa y las prestaciones.

Ese incremento del gasto destinado al sistema de la dependencia desde Madrid también ha permitido, en los últimos cuatro años, poner en marcha un catálogo de prestaciones y servicios que han beneficiado a dependientes de todos los niveles, no solo a los más graves. En este sentido, el servicio de ayuda a domicilio en todo el territorio aragonés, a través de convenios de gestión con las entidades locales, y el servicio de teleasistencia han sido un plus para muchos mayores de la zona rural, por ejemplo.