ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Zaragoza contará con dos nuevos juzgados de Primera Instancia en 2024
La DGA cumple una vieja reivindicación del mundo de la judicatura
El edificio Vidal de Canellas alberga los juzgados de la jurisdicción civil en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. / ANDREEA VORNICU
La Ciudad de la Justicia de Zaragoza contará a partir del año que viene con dos nuevos juzgados de Primera Instancia, el número 23 y el número 24, tras su inclusión en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia explicaron a este diario que todavía no se manejan plazos para su puesta en marcha, si bien el primero que lo hará será el número 23 porque ya fue presupuestado por el Ejecutivo socialista de Lambán. El objetivo era que entrara en funcionamiento en enero de 2023, pero el Ministerio de Justicia todavía "debe asignar el personal". Respecto al juzgado número 24, aseguran desde la consejería, también entrará en vigor a lo largo del año que viene.
Se trata de una vieja reivindicación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, quien ha reiterado la importancia de esta medida durante sus dos últimos discursos de apertura de sendos años judiciales. "Observamos un incremento de asuntos en todas las jurisdicciones, pero que resulta especialmente preocupante en la civil, jurisdicción que lleva varios años con una importante sobrecarga de los juzgados de primera instancia. Si queremos revertir la situación, que puede agravarse como consecuencia de las dificultades económicas que ya está generando la guerra de Ucranua y su repercusión sobre la energía y los mercados, resulta imprescindible que para el próximo ejercicio se creen dos juzgados", señaló en septiembre de 2022. "La importante litigiosidad civil exige, al menos, crear dos nuevos juzgados de Primera Instancia en Zaragoza", insistió este mismo año.
El último refuerzo de la jurisdicción civil de la capital aragonesa se remonta a septiembre de 2017, cuando entró en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia número 22. Su aprobación en Consejo de Ministros puso fin a la polémica suscitada por el gobierno autonómico, que pretendía convertir el Juzgado de Instrucción número 12 en civil.
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