La Comisión Europea decidió ayer presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por el retraso de un año del Gobierno en modificar la legislación española para penalizar la morosidad comercial. El Ejecutivo hasta ahora ha hecho caso omiso a la advertencia formal del 30 de septiembre del 2002 y del dictamen conminatorio del 6 de febrero.
La directiva europea, que protege a las empresas frente al impago de sus clientes privados o públicos, debía aplicarse en toda la UE el 8 de agosto del 2002. Sin embargo, el Gobierno ha impedido hasta ahora que las empresas españolas puedan beneficiarse de la misma, ya que no ha adaptado su legislación a las exigencias de la normativa europea.
Fuentes empresariales señalaron a este diario que la presión de las grandes empresas adscritas a la patronal CEOE sobre el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha evitado que el Gobierno legisle en esta materia, crucial para las pymes. España se caracteriza por ser uno de los países de la UE donde existe más retraso en el pago de los productos o servicios, en especial por parte de la Administración pública.
