Después de un año de negociación, el Gobierno ha aceptado el plan anticrisis propuesto por el sector textil para paliar la apertura comercial del 2005. El Ministerio de Trabajo pagará un subsidio especial de hasta tres meses por año a los empleados que trabajen en empresas que tengan que reducir la producción o cerrar temporalmente. Sólo se podrán acoger a esta medida las empresas que tengan un mínimo de un 80% de plantilla fija, lo que equivale a unas 6.000 compañías con 130.000 trabajadores que en un 65% son mujeres. Estas empresas podrán presentar la solicitud de un expediente de regulación de empleo alegando el impacto negativo de las importaciones de ropa asiática a precios bajos.
La suspensión de los contratos no podrá exceder de tres meses anuales y los afectados no perderán derechos sobre la prestación de desempleo. Uno de los flecos pendientes del acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Ciencia y Tecnología con la patronal y los sindicatos del textil es el de la cuantía de la prestación. El Estado se limitará a pagar, a partir de enero, lo mismo que la prestación de paro, el 70% de la base reguladora de la Seguridad Social.
Sin embargo, los sindicatos y la patronal quieren negociar con las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas que aporten la parte restante hasta el 100% del sueldo. Los empleados del textil perciben un salario base de 540 a 685 euros. En Aragón, casi 3.700 trabajadores del textil en talleres está en el régimen general de la Seguridad Social, mientras que 724 son autónomos. El sector textil perderá este año el 3% de los trabajadores, en lo que puede ser sólo un anticipo del impacto de la liberalización comercial del 2005. La invasión de ropa y tejidos de China y otros países asiáticos puede suponer la pérdida de 102.300 puestos de trabajo, el 43% del empleo, hasta el 2010.
La implicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología será una mayor flexibilidad en las subvenciones por investigación y desarrollo. Las empresas podrán incluir renovaciones de modelos o muestrarios.
