La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), integrada en la confederal COAG, dejó claro ayer que es partidaria de aplazar la aplicación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) hasta más allá del 2007, fecha en la que habrá una reforma más drástica, con un nuevo marco presupuestario en el que ya se integrarán los países del Este de Europa. Así se puso de manifiesto ayer en el curso de una rueda de prensa durante la celebración de las jornadas sobre la PAC que hoy se clausuran en Zaragoza.
El secretario regional de UAGA, Javier Sánchez, llegó a asegurar que la reforma podría suponer la desaparición de 15.000 explotaciones del sector en la comunidad aragonesa, casi un 60% de las existentes. Los planteamientos en contra de la reforma intermedia de la PAC del sindicato agrario que defiende la explotación familiar, le han llevado a convocar una manifestación el próximo lunes en Zaragoza coincidiendo con la celebración de la Conferencia Intersectorial de Agricultura en la que el ministro Miguel Arias Cañete y los consejeros de las 17 comunidades autónomas deben decidir sobre la fecha en que deben aplicarse las nuevas disposiciones.
Miguel Blanco, de la Ejecutiva de COAG, señaló ayer que en la Sectorial "los consejeros hacen planteamientos macroeconómicos, no los que interesan a la explotación familiar agraria" y reclamó una Ley Básica de Agricultura "que responda a un modelo social de agricultura mayoritario en nuestro país". Blanco insistió en el rechazo a la reforma de la PAC impuesto por la Comisión porque "deslegitima las políticas de apoyo a los profesionales del campo" a través del desacoplamiento (un alto porcentaje de las ayudas no están relacionadas con la producción). También por "injusta e indiscriminada", ya que no resuelve situaciones como que el 50% de los fondos agrícolas van a parar sólo al 5% de titulares de explotaciones, así como por el propio recorte o congelación presupuestaria, que representará para el sector "una pérdida de poder adquisitivo de entre el 40% y el 50%".
El representante de COAG en las jornadas aseguró que el reconocimiento ministerial de que en diez años desaparecerán 400.000 explotaciones, con apenas relevo generacional (en torno a 4.000 jóvenes se incorporan al sector anualmente), "puede generar una crisis sin precedentes" ya que no hay políticas de garantía alimentaria.
