Las industrias españolas pagarán 5.000 millones por emitir CO2

Las industrias españolas tendrán que gastar 5.000 millones de euros anuales en la compra de derechos para la emisión suplementaria de dióxido de carbono (CO2). Los sectores afectados y el Gobierno están de acuerdo en que el país no podrá cumplir con la reducción que el Protocolo de Kioto ha impuesto a España y buscan fórmulas para que este sobrecoste no provoque aumento de precios.

Los sectores industriales y energéticos reconocen la necesidad de poner en marcha el acuerdo firmado en 1997, porque es imprescindible la reducción de elementos contaminantes para evitar el efecto invernadero. Pero creen que la medida tendrá un coste para el usuario.

Según un estudio de Pricewaterhouse Coopers para la industria del azulejo, este sector deberá gastar 72 millones de euros anuales en derechos de emisión de gases. Con una cuota del 1,9%, prevé en el 2008 un descenso de la facturación del 27% por la pérdida de competitividad que supondrá el aumento de un 34% en los costes. Calculan que el margen de explotación caerá el 75%, se cerrarán unas 64 fábricas y se despedirá a 5.797 empleados).

IMPACTO La patronal Unesa calculaque el conjunto del sector eléctrico (que concentra el 57,5% de las emisiones) deberá comprar derechos para cubrir entre 250 y 290 millones de toneladas de dióxido de carbono entre el 2005 y el 2008. Ello supondrá un coste de 7.500 millones de euros en el mejor de los casos. Desde el sector se calcula que será necesario un drástico aumento de la tarifa eléctrica. Los expertos barajan un alza de precios entre el 7% y el 20%.

España se ha lanzado a un plan de eficiencia energética para reducir 42 millones de toneladas anuales de

CO2. La consultora estima que, aún aplicándose medidas de reducción de las emisiones, las empresas deberán comprar cada año derechos por 3.520 millones de euros. Sin esas medidas, la factura alcanzaría 5.000 millones de euros, lo que reduciría un 12% la balanza comercial española y provocaría un descenso de la tasa de cobertura de hasta el 76%.

El Gobierno ha llamado a las empresas para saber los efectos del Protocolo de Kioto y elaborar el Plan Nacional de Asignación de Emisiones que presentará en Bruselas antes del 31 de marzo.