El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la nueva ley del suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, una vez constituidos los ayuntamientos que surgirán de las elecciones del 27 de mayo. La ley, que fue respaldada por todos los grupos, salvo el PP, tiene como principal objetivo combatir la especulación del suelo para "acabar con la espiral de precios desorbitados" de la vivienda, "plantar cara a la corrupción" urbanística y contribuir a un desarrollo medioambiental sostenible, resumió ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La ley establece una reserva mínima del 30% de la edificabilidad del suelo para viviendas protegidas y sitúa entre el 5% y el 15% el porcentaje que los promotores deben ceder para uso público. Además, acaba con el concepto de la ley del PP de que todo el suelo es urbanizable salvo el especialmente protegido y, lo que es más importante, establece unas nuevas reglas de valoración de las expropiaciones para evitar la especulación. El suelo se pagará en función de su valor de uso y no de las expectativas de posibles recalificaciones. "Del éxito de la esta reforma depende el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna al conjunto de los ciudadanos", dijo Zapatero.
La norma limita el crecimiento desorbitado de las ciudades y fija que si un desarrollo conlleva un incremento superior al 20% de la población o de la superficie urbanizada, se deberá revisar el plan general.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Zapatero decidió ayer ser él mismo quien pusiera el broche final a la tramitación parlamentaria de la ley del suelo, para dar así la máxima relevancia a la nueva ley, horas antes del inicio de la campaña electoral.
El presidente subió a la tribuna en pleno alboroto de los diputados del PP que gritaban "Ibiza, Ibiza", para recordarle al presidente el escándalo urbanístico que afecta al PSOE. En la tramitación de esta ley, muy mediatizada por la trama marbellí de corrupción, se han incorporado medidas de transparencia.
Concejales y directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y, además, quedarán sujetos al régimen general de incompatibilidades y los dos años posteriores a dejar el cargo no podrán trabajar en actividades ligadas con expedientes en los que hayan participado.
Los convenios de planeamiento y las permutas de terrenos deberán ser aprobados por el pleno municipal, y se refuerzan las medidas de publicidad de las actuaciones. Las recalificaciones que conlleven plusvalías deberán identificar quienes hayan sido los propietarios en los 5 últimos años. Según Zapatero, las medidas permitirán identificar a "quiénes benefician las decisiones que se toman en los ayuntamientos, y otorgarán más competencias decisorias a los plenos". Es una ley que "habla de los ciudadanos, y no solo de los propietarios", añadió.
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, destacó el esfuerzo para superar cualquier duda competencial respecto de las autonomías. Ello ha garantizado el apoyo de las formaciones nacionalistas como CiU, ERC, BNG, PNV y Coalición Canaria. IU-ICV valoró las mejoras anticorrupción y medioambientales.
La principal crítica del PP al nuevo texto legal es que incluye "un sistema tremendamente injusto" en la valoración de las expropiaciones. "Y no hay otro motivo que el que le salga más barato a la administración y a los grandes promotores. Que podrán pagar el suelo a precio de plátanos o de boniatos", dijo el popular Pablo Matos. Además, según Matos, la reserva del 30% para vivienda oficial ya se supera en algunas regiones del PP como Madrid (50%), Navarra (50%) y Valencia (del 25% al 40%).
La nueva ley del suelo sustituirá la Ley del Régimen del Suelo de 1998, que los liberalizó para tratar de abaratar el precio de la vivienda y mejorar la competitividad de las empresas. El precio medio del metro cuadrado ha pasado de costar 702,8 euros en 1997 a 2.024,2 euros en el primer trimestre de 2007.
