La hora de la verdad se acerca. Nicolas Sarkozy afronta una semana decisiva en su pulso con sindicatos, oposición y estudiantes por imponer la reforma de las pensiones. Mientras el Gobierno lanzaba ayer una vasta operación de comunicación para convencer a los franceses de la necesidad de alargar la edad legal de la jubilación de los 60 a los 62 años, los agentes sociales llamaban --especialmente a ferroviarios y camioneros-- a recrudecer la protesta para aumentar la presión en vísperas de la aprobación de la reforma, el miércoles, por parte del Senado. El martes, el malestar de los ciudadanos volverá a medirse en la calle.
Además de enviar a los ministros en misión pedagógica, el Ejecutivo centró ayer sus esfuerzos en frenar uno de los efectos más visibles de la movilización social: la escasez de carburante. Aunque las refinerías de petróleo siguen paralizadas, se pusieron en marcha medidas de fuerza.
El primer ministro, François Fillon, afirmó que no permitirá que se bloquee el país por penuria de carburante y el ministro del Interior, Brice Hortefeux, emitió una orden para desbloquear el acceso a las plantas, lo que hizo elevar de forma notable la tensión con los huelguistas.
AL BORDE DEL COLAPSO El aeropuerto Charles de Gaulle de París, que estaba al borde del colapso, recibió suministros para aguantar una semana. Sin embargo, en muchas gasolineras de París era muy complicado llenar el depósito a causa de una explosión de la demanda por temor a la escasez.
La capital no es la ciudad que más acusa las consecuencias de los paros. En Marsella, no solo el puerto está bloqueado sino que los basuras también se acumulan en las calles por la incorporación a la huelga el servicio de recogida.
Los sindicatos llamaron ayer a los ferroviarios y a los camioneros a amplificar el movimiento con restricciones en el tráfico y el bloqueo de los accesos a centros estratégicos. Su objetivo es conseguir que el país quede semi paralizado --el sector privado, hasta ahora, no ha seguido funcionando normalmente-- para forzar al Gobierno a parar la votación del Senado.
La reivindicación de todas las centrales sociales menos una --Fuerza Obrera-- no persigue la retirada pura y simple de la reforma, sino reanudar el diálogo con el Gobierno para negociar una modificación "más justa" del sistema de pensiones.
Los sindicatos no se dan por satisfechos con la única concesión del Gobierno, las enmiendas para que algunas madres de tres hijos y padres de disminuidos puedan jubilarse a los 60 años.
