La reforma aprobada ayer supone la sexta modificación legal del sistema público de pensiones y la octava para el conjunto de la Seguridad Social, que ha experimentado sucesivos cambios desde los años ochenta. Se iniciaron en 1985, con una ley que establecía un mínimo de 15 años de cotización para tener derecho a una pensión y elevaba el periodo para calcular su importe de 2 a 8 años. La norma fue contestada por los sindicatos con la primera huelga general de la democracia española.
