El peor final para la mina de Mequinenza

El cierre de la mina de carbón de Mequinenza hace ya tiempo que estaba prefijado, pero dentro de este trance la empresa Carbonífera del Ebro se desliza hacia el peor de los precipicios. La compañía, cuyos 31 trabajadores llevan más de un año en un ERE temporal, ha comunicado a la plantilla que, en contra de lo que se esperaba, no optará a las ayudas al cierre de la explotación que fija el Ministerio de Industria. Esta renuncia abre el escenario menos favorable para los intereses de los mineros y también del territorio, ya que la compañía se desentiende así de la restauración del yacimiento.

La empresa justifica su decisión en la precaria situación económica que arrastra. Aunque dice estar al corriente de todos los pagos, Carbonífera no se ve en disposición de presentar los avales necesarios para poder recibir una parte de los 42 millones de euros que el ministerio ha convocado esta semana para cubrir los costes por el cierre de minas entre los años 2014 y 2017. De acogerse a esta vía, la mitad de la plantilla habría continuado trabajando durante tres años en las tareas de restauración de la explotación zaragozana. En ese plazo, se habrían jubilado o prejubilado 14 mineros.

Reunión con Aliaga

La indisponibilidad económica de la compañía no convence del todo. La empresa, propiedad de tres empresarios catalanes, lleva un año y medio sin actividad y el último ejercicio de trabajo, el 2012, sufrió el fuerte recorte de ayudas a la producción que aplicó el Gobierno. Este parón, sin embargo, contrasta con los 9,6 millones de euros en ayudas que se embolsó del 2009 al 2012, al margen de sus ingresos por la venta del mineral cuyos precios son regulados por el Estado.

La compañía ha vivido un auténtico calvario en la última etapa. Carbonífera abastecía a la térmica de Escucha, pero la que era una de las centrales más contaminantes de Europa cerró a finales del 2012. La única alternativa para que continuara la actividad minera pasaba por suministrar a la de Andorra, pero Endesa rechazó la compra de su carbón porque le dañarían "gravemente" las instalaciones por el alto contenido en azufre. Tras un año de tira y afloja, con varios informes y contrainformes técnicos, el departamento dirigido por José Manuel Soria decidió no obligar a la eléctrica a quemar el mineral de Mequinenza en contra de lo que estableció anteriormente en una resolución ministerial.

Así las cosas, la empresa presentará pronto un ERE de extinción. Las indemnizaciones por despido serán asumidas por el ministerio y serán de 35 días por año con un lineal extra de 10.000 euros.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, convocará en los próximos días una reunión con la empresa y el comité para clarificar la situación y conocer de primera mano las intenciones de Carbonífera. Fuentes del departamento señalaron que se mantendrán "vigilantes" y que tratarán de buscar la mejor salida para los trabajadores.