El último gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, Fernando Guillén, apunta al año 2006 como el origen del actual conflicto que está en los tribunales. En su opinión, la denuncia es una venganza tras descubrir, él mismo, cómo una jamonera turolense vendió a Mercadona perniles sin el sello de calidad como si lo tuvieran. El mismo año, la DGA exigió al consejo la devolución de unas ayudas de más de 130.000 euros al detectar "facturas duplicadas".