Grabar a empleados sin avisar vulnera la privacidad
España tendrá que indemnizar con unos 4.500 euros a cada una de las cinco cajeras de un supermercado de Barcelona que fueron despedidas tras ser grabadas por varias cámaras ocultas instaladas por la empresa robando o ayudando a robar en el local.
Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las empleadas deberían haber sido informadas de que estaban siendo vigiladas pero no fue así por lo que hubo una violación de su derecho a la privacidad. La corte de Estrasburgo considera, en cambio, que las afectadas tuvieron un juicio justo porque los videos no fueron la única evidencia que llevó a su despido.
El caso se remonta al 2009 cuando las cinco mujeres trabajaban de cajeras en un supermercado de la cadena familiar MSA. El responsable del supermercado detectó en febrero de ese año algunas irregularidades entre los niveles de las existencias de productos y lo que se vendía cada día. Identificó pérdidas de 7.780 euros. En los meses posteriores fueron incrementándose -17.971 euros en marzo, 13.936 en abril y 18.009 en mayo- hasta alcanzar los 24.614 euros en junio.
La cadena decidió instalar cámaras de vigilancia, algunas de ellas ocultas.
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