En plena desescalada de las restricciones sanitarias aplicadas por la pandemia del coronavirus, con la esperanza de que esta vez sea sin que vuelva a darse una marcha atrás, los consumidores observan atónitos una escalada de precios en productos y servicios básicos. Esto amenaza con menguar sus bolsillos en medio de las vacaciones estivales o a la vuelta de ellas. Los costes de la energía son el gran detonante de este incremento del gasto de las familias, que con las subidas de la luz, la gasolina y, en menor medida, el gas, rondará los 42 euros al mes, es decir, unos 500 euros al año. Con ello, la tradicional cuesta de enero se desplaza este año a julio y al verano. No obstante, el encarecimiento de la luz se verá mitigado por las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno central para rebajar temporalmente algunos impuestos.

La gasolina se prepara para una nueva subida, coincidiendo con el aumento de desplazamientos veraniegos. Incluso después de subir un 25% en un año, toda apunta a que seguirá su evolución ascendente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de un coste extra de unos 180 euros para los usuarios de automóviles en España. Pero para las empresas puede suponer un mazazo aún mayor. «Somos un país de pymes y autónomos y su recuperación será complicada, y por tanto la de los trabajadores de igual modo», advierte Víctor Fermosel, profesor de EAE Business School.

El precio medio de la gasolina súper de 95 octanos, una de las más utilizadas por los conductores particulares, se sitúa en Aragón en 1,37 euros en estos momentos, 19 céntimos más que al comienzo de 2021 y 24 por encima de la cifra de hace un año por estas fechas, según los datos extraídos del geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica. Dicho de otra manera, llenar un depósito de 55 litros vale ahora 10,45 euros más que el pasado mes de enero y 13,2 por encima de lo que costaba en junio de 2020.

En el caso del diésel, el valor medio en la comunidad autónoma es actualmente de 1,24 euros por litro, con lo que se ha encarecido 18 céntimos más que en lo que va de año y 21 en los últimos doce meses. De esta manera, llenar el depósito cuesta 9,9 y 11,55 euros más, respectivamente.

En máximos desde 2014

Hay que tener en cuenta que los carburantes alcanzaron niveles mínimos como consecuencia del estallido de la pandemia y el desplome de la demanda que se produjo por las limitaciones de movimientos. Pero ya vuelven a estar por las nubes tras una progresiva escalada que no ha cesado desde el inicio de 2021. Y no solo han recuperado las cotas previas a la crisis sanitaria. El precio de la gasolina alcanzó la semana pasado valores que no se registraban desde hace casi siete años, en octubre de 2014, según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea.

El gas también mantiene una tendencia alcista, pero con una intensidad sensiblemente inferior en relación al comportamiento que están teniendo los carburantes y la electricidad. El incremento de este recibo ronda el 5% aproximadamente. El consumo de este suministro es, además, poco relevante en verano, ya que es en los meses fríos de invierno cuando más se paga por el uso de la calefacción.

Es en la luz donde radica la mayor de las subidas. La factura de un usuario medio se ha disparado un 45,4% en la primera quincena de este mes, frente al mismo periodo del año pasado, según datos de Facua. La asociación de consumidores estima que, si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 15 de junio, el recibo sufriría una subida interanual de 27,53 euros y se situaría en 88,11 euros (impuestos incluidos).

Para paliar de forma inmediata el encarecimiento de este servicio básico, el Gobierno aprobó hace unos días la bajada del IVA de la luz del 21% a un tipo reducido del 10%, lo que supondría una reducción impositiva de alrededor de 6 euros al mes (72 al año). Con los seis meses que quedan de 2021, el abaratamiento de la factura eléctrica se quedaría en unos 36 euros.

Con todos estos indicadores, a juicio de Fermosel, «debemos hablar de una cuesta de julio», que es cuando consumidores y empresas se darán cuenta de la subida en proporción de los suministros. Y sus efectos se empezarán a sufrir más en septiembre, cuando tomen conciencia del impacto que sufrirán sus cuentas bancarias. «La gente saldrá ahora de vacaciones tras un tiempo de encierro necesario y no lo notará hasta la vuelta a sus casas», explica. Eso, el que se pueda permitir unos días o semanas de turismo, descanso y ocio, dadas las estrecheces económicas que atraviesan muchas familias a causa de crisis que trajo consigo el coronavirus y las restricciones.

Familias en quiebra

La suma de todos estos incrementos, unido a otros tributos y sus repercusiones en el impuesto de la renta (IRPF) y el de Sociedades —en el caso de las empresas—, supondrá a final de año una suma nada despreciable. En el caso de los particulares, según estimaciones del docente de la EAE Business School, serán unos 500 euros adicionales al año al repercutirse el coste de los suministros básicos por parte de los mercados. Esta cifra es mayor al fondo de reserva con el que cuentan muchas familias para intentar escaparse unos días de vacaciones o para hacer frente a gastos anuales de seguros de hogar, coches, IBI y otros similares.

«Quien pudiese ahorrar en éste tiempo se va a ver obligado a gastar lo ahorrado, pero me preocupa más qué va a pasar con la gente que estaba en las colas del hambre que no eran ni son pocos», remarca Víctor Fermosel. No se trata solo de un problema de pérdida de poder adquisitivo de las familias, sino también del riesgo de caer en una situación de quiebra. De hecho, los concursos de acreedores de personas físicas están al alza este año. «Estas subidas vienen a dar un golpe estructural a muchas familias en riesgo», alerta este experto.

Del encarecimiento del coste de la vida no se salva casi nada. Lo que puede rozar una bajada en casi inapreciable en proporción con el resto de las subidas. El encarecimiento de la luz, el gas, la gasolina o también el agua acaba repercutiendo además en algunos alimentos y productos soportados en estos suministros. «Quizá el mercado inmobiliario da un respiro, pero dependiendo de las ubicaciones de los inmuebles», apunta.

Crece el número de familias que se declara en quiebra

La oleada de concursos de acreedores que se auguraba como consecuencia de la pandemia empieza a aparecer, sobre todo en lo que tiene que ver con las familias. En el trimestre de 2021 se declararon insolvente en los juzgados aragoneses 72 personas físicas (69 particulares y 13 autónomos), lo que supone un incremento del 36% respecto a los 53 casos (47 y 6, respectivamente) que hubo tres meses anteriores (de octubre a diciembre de 2020), según las estadísticas oficiales recién publicadas por el Colegio de Registradores. El incremento llega al 44% en comparación con las 50 quiebras de este tipo (39 y 11) que se plantearon en el mismo periodo del año anterior. Este auge se produce a pesar de la moratoria concursal establecida por el Gobierno de España hasta el 31 de diciembre de 2021.

En todo el año pasado se registraron en Aragón 134 concursos de acreedores de personas físicas (121 de particulares y 13 de autónomos). En 2015, fueron apenas 24, de manera que se ha multiplicado por seis el número de procedimientos. Este incremento se debe en parte al creciente número de consumidores y emprendedores que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, que permite eximir de sus deudas a los autónomos y particulares siempre que demuestren que han actuado de buena fe y que no tiene capacidad de pagar.