El último informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas catalana sobre la empresa pública GISA, encargada de las infraestructuras que promueve la Generalitat, como el metro del Carmel, corresponde al ejercicio del 2000, y no descubrió irregularidades. Sí fue investigada en el marco de la auditoría de gestión encargada por el Gobierno catalán y que se hizo pública en diciembre pasado, encontrándose entonces actuaciones incorrectas.

La Sindicatura trabaja para presentar los informes del 2001 y 2002 antes del verano, y el del 2003 antes de diciembre. Precisamente, las adjudicaciones de obras por GISA se dispararon a partir del 2001. Si en el 2000 sumaban 365 millones de euros, al año siguiente eran 1.240, y en el 2003, 2.409 millones.

El informe del ejercicio del 2000 fue aprobado por la Sindicatura en mayo del 2004, cuando este organismo ya había sido renovado, y no detecta irregularidades en las contrataciones. Los contratos están "debidamente formalizados" y contienen cláusulas de penalización que "salvaguardan los intereses de la sociedad" y los expedientes "garantizan el cumplimiento de los contratos, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecución de las obras en los plazos establecidos". Pero advierte de que la contratación de servicios no relacionados directamente con obras (2.395 millones de pesetas en el 2000) no cumple los principios de publicidad y concurrencia.

Los auditores contratados por la Generalitat sí hicieron constar que la normativa de la UE prohíbe incluir en las bases para la adjudicación de obras cofinanciadas con fondos europeos criterios que valoren la experiencia del contratista. GISA, por contra, tenía en cuenta los "resultados de las obras anteriores".

PRECIOS MAS BAJOS Los auditores afirman que si se hubiera prescindido de esos criterios, los adjudicatarios de tres obras con subvención europea hubieran sido otros y por precios inferiores. GISA replicó que los adjudicatarios hubieran sido los mismos. Otra observación de los auditores hacía referencia a la práctica de otorgar la puntuación máxima en los concursos a la oferta económica que difiera en un punto de la media de las ofertas, en lugar del precio más bajo.