La inmunidad no es sólo cosa de las películas americanas. José María Mena, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se la ofreció el lunes a Juan Antonio Salguero Sánchez, el primer constructor que acudió a la fiscalía para explicar formalmente que pagó comisiones del 20% por obras públicas.
Mena, que abrió una investigación tras la intervención parlamentaria de Pasqual Maragall sobre "el problema del 3%" de CiU, tampoco acusará a los empresarios que acudan a la fiscalía en los próximos días para colaborar en las diligencias. Esta forma de proceder de la fiscalía tiene como precedente la causa contra el exjuez Pascual Estevill, condenado a nueve años de cárcel por prevaricación al exigir dinero a cambio de libertades.
MARGEN DE LA JUSTICIA Fuentes judiciales informaron a este diario que Mena piensa aplicar "de la forma más benevolente posible" el artículo 20 del Código Penal, que exime a los que cometan o participen en un hecho delictivo acuciados por un "estado de necesidad". Este extremo podría aplicarse en este caso, ya que Salguero y otros empresarios afectados se quejan de que no podían obtener concesiones de obra pública si no pagaban comisiones. Además, el capítulo tercero del Código Penal de 1995 establece las circunstancias que "atenúan la responsabilidad criminal", que pasan por una colaboración efectiva en la investigación.
La legislación española otorga a la fiscalía un amplio margen para negociar con los denunciantes y colaboradores. Contempla desde la inculpación, si el soborno ha partido del empresario, hasta la exoneración total, si ha sido víctima de chantaje y su información a la fiscalía es relevante para el esclarecimiento del caso.
En la investigación abierta el pasado 25 de febrero, el fiscal pretende utilizar "al máximo" las prerrogativas legales para encontrar aliados entre los constructores.
El verdadero objetivo de Mena es la obtención de pruebas contra algunos altos funcionarios de las empresas públicas GISA y Adigsa, sospechosos de chantajear a empresarios a cambio de facilitarles trabajos de construcción de obra pública o rehabilitación de viviendas sociales. La fiscalía solicitará en los próximos días información a la Generalitat sobre determinados funcionarios y exempleados públicos.
INTERMEDIARIO PODEROSO Entre éstos no se encuentra el intermediario José María Penín, pariente lejano del exconsejero de Política Territorial en el 2003, Felip Puig, ya que ni era contratado laboral ni tenía ningún lazo mercantil con Adigsa ni ningún otro departamento de la Administración. Pese a ello, le dispensaban un trato de favor en la concesión a dedo --sin adjudicación ni contrato-- de obras de rehabilitación de viviendas, así como la adquisición de pisos para Adigsa, que él mismo tasaba.
QUERELLA DE PENIN De momento, cuenta con la declaración de Salguero, propietario de las modestas sociedades Demastir y Reluxex, que señaló como receptor de los pagos al intermediario Penín. Felip Puig tiene interpuesta una querella contra Salguero y otras personas, por los supuestos delitos de estafa y uso fraudulento de su nombre.
Próximamente está prevista la comparecencia ante la unidad de policía judicial agregada a la fiscalía de otro empresario, conocido de Salguero. Según las fuentes consultadas se trata de un constructor que supo de los pormenores de los supuestos pagos a Penín y que fue testigo de alguna conversación. Según Salguero, le resultaba imposible trabajar para la Generalitat sin pasar por ese intermediario.
