El PP dio ayer un nuevo paso contra Gregorio Peces-Barba, alto comisionado para las Víctimas del Terrorismo. En la sesión de control al Gobierno, el senador conservador Ignacio Cosidó acusó a Peces-Barba de tener por misión "dividir, silenciar y neutralizar a las víctimas" y "amparar a los verdugos terroristas". El presidente del PP, Mariano Rajoy, evitó desautorizar a su parlamentario. Alonso defendió el "prestigio" de Peces-Barba y su "trayectoria ética y profesional intachable".
Por otra parte, la fiscal de la Audiencia Nacional Olga Sánchez, adscrita a la investigación del 11-M, considera optimistas las previsiones sobre la celebración del juicio en otoño. La fiscal reveló ayer que los autores del 11-M "tenían un proyecto de continuidad delictiva muy amplio", a partir del 4 de abril del 2004, contra objetivos elegidos. Y sobre la posible relación entre los terroristas islamistas y ETA, Sánchez dijo que "a día de hoy no hay ningún dato que haga pensar en dicha relación".
