Aukera Guztiak (AG) niega ser la sucesora de Batasuna. Lo argumentó en las alegaciones que presentó el viernes ante el Tribunal Supremo y en las que recalcó que la candidatura rechazaba "sin límites" cualquier conculcación de los derechos humanos, la produzca quien la produzca, aunque se reservaba el derecho de expresar ese rechazo en los "términos que considere oportunos".
La agrupación electoral respondía así a las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía el Estado, que habían exigido una condena explícita de la violencia de ETA. Su escrito sostenía que su rechazo a la vulneración de derechos respondía "con creces" a lo exigido por el Tribunal Constitucional que, en su resolución de mayo del 2003, apuntaba que lo que cabía esperar de cualquier plataforma o grupo político era una "declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa una organización criminal".
La candidatura aseguraba en su recurso que desde el primer momento expresó su "compromiso inequívoco" con todos los derechos, y que el hecho de haber dejado este compromiso claro en su primer manifiesto reflejaba "la importancia" que ellos mismos le atribuyeron.
"OBSESION ENFERMIZA" AG argumentaba en su alegación que las impugnaciones contra la candidatura respondían "a la obsesión enfermiza" de los aparatos del Estado más que a la defensa de la legalidad. También decía que en el expediente electoral no existía "ni un sólo elemento objetivo", que permitiera entender que la nueva agrupación formaba parte de "entramado organizativo alguno" que persiga suceder a partidos "judicialmente disueltos". Apuntaba que las demandas para que se anulara la candidatura sólo se basaban en "meras sospechas, indicios en el mejor de los casos", pero "nunca en pruebas directas".
"NI ATADURAS NI COMPROMISOS" La candidatura aducía que no se presentaba a las elecciones para defender un proyecto político concreto, sino para "denunciar" que no todos pueden ser sometidos a la consideración de los ciudadanos. Reiteraba, además, que no tenía ni "ataduras ni compromisos previos con nadie, ni con ETA ni con Batasuna".
En este escrito de 74 folios la plataforma aseguraba que se había producido "indefensión", porque sólo había podido contar con 15 horas para examinar la documentación en contra. Este plazo convertía en "humana y materialmente imposible" el contraste de toda la información, lo que la situaba en una "situación de desigualdad".
El documento recogía la opinión de la agrupación sobre una supuesta inconstitucionalidad del artículo de la ley de partidos que previene ante la posible sucesión de actividades de un partido ilegalizado. Aducía, además, que toda persona que no esté privada de sus derechos civiles y políticos puede promover una candidatura y ser parte en la misma, en la medida que lo que se ilegaliza son partidos y no las personas que los componen o sus ideas.
