El Gobierno vasco eleva el tono de su pulso con el poder judicial
Tilda de "sinsentido" el encausamientode Ibarretxe por el encuentro con Otegi.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha quedado en entredicho. Así lo entendió ayer el Gobierno vasco al considerar que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de rechazar la admisión a trámite de la querella contra dirigentes del PSOE confirma el "sinsentido" del encausamiento de Juan José Ibarretxe por reunirse el 19 de abril con representantes de Batasuna.
Desde el pasado junio, cuando la Sala de lo Civil y Penal del tribunal decidió, con un voto en contra, admitir a trámite la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe, el Gobierno vasco había denunciado la "ingerencia" judicial en la acción política del lendakari. Fuentes de la presidencia insistieron ayer en la misma idea al considerar que la resolución del Supremo evidencia que el alto tribunal vasco ha ido tomando decisiones sobre la base de "intereses" que nada tienen que ver con los penales.
ENFRENTAMIENTO DE PODERES El encausamiento del lendakari por un presunto delito de desobediencia al reunirse con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, ha dado lugar a un duro enfrentamiento entre poderes. El Ejecutivo de Ibarretxe incluso advirtió de que señalar al lendakari como un presunto delincuente "por buscar la paz" no iba "a salir gratis".
Los partidos del Gobierno organizaron un acto de desagravio a Ibarretxe en Gernika que fue severamente criticado por la cúpula judicial vasca, arropada por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. También los socialistas desagraviaron a Patxi López y Rodolfo Ares, quien ayer se mostró satisfecho y exigió al PP una rectificación en su actitud "carroñera". La querella contra López y Ares admitida por el TSJPV, que aún tiene que pronunciarse sobre el recurso contra la admisión, tuvo como promotores al Foro Ermua y al PP.
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna (EA), precisó ayer que lo decidido por el Supremo supone una "desautorización" de la sala, que desatendió los argumentos con los que el Gobierno vasco rechazó la admisión de la querella.
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