Fiel a su bien ganada reputación de hombre poco a dado a las reacciones en caliente, Mariano Rajoy sigue macerando su respuesta a la noticia del procesamiento del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por un delito de cohecho impropio. Cinco días lleva el líder del PP guardando silencio en público sobre este asunto, ganando tiempo mientras trata de persuadir a Camps de que lo más conveniente para el partido es que acepte su culpabilidad, pacte con las acusaciones y evite el escándalo de verse en el banquillo de los acusados en plena campaña de las generales, aunque ello signifique pagar una multa y cargar en adelante con unos antecedentes penales y con el baldón de haber mentido.

Ayer Mariano Rajoy dio una nueva vuelta de tuerca a su estrategia de presión sobre el presidente valenciano. Lo hizo, como suele, por persona interpuesta. La número tres de la cúpula popular, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzó una advertencia a Camps al anunciar que, "en su momento", la dirección del partido comunicará sus "decisiones" sobre el futuro del dirigente imputado. Y el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, con su facundia habitual, fue aún más lejos y pidió directamente a Francisco Camps que "diga la verdad" y reconozca "si ha cometido algún error".

Entretanto, Camps sigue sin dar señales de vida. La agenda oficial del jefe del Gobierno autonómico volvió ayer a quedar en blanco y hoy podría suceder otro tanto (hay convocado un pleno extraordinario en las Cortes valencianas sobre la construcción del corredor mediterráneo al que el presidente de la Generalitat valenciana se plantea no acudir). Fuentes de su entorno aseguraron que Camps mantiene un contacto "fluido" con la dirección del Partido Popular para decidir la estrategia a seguir.

Lo cierto es que el dirigente imputado tiene muy pocas alternativas. La posibilidad de dimitir y centrarse en preparar la defensa parece casi completamente descartada, a juzgar por las declaraciones que han hecho en ese sentido diversos miembros del Ejecutivo valenciano. Y la vía del encastillamiento --seguir con sus responsabilidades e ir a juicio confiando en la absolución-- causa auténtico pavor en la cúpula del partido.

Sin embargo, si la dirección del PP pretende evitar la imagen oprobiosa de un juicio, deberá convencer no solo a Camps, sino también a los otros tres imputados --el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicepresidente del Gobierno autonómico Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret--, de que acepten los cargos de los que se les acusa. El problema es que tanto Costa como Betoret tienen otras causas pendientes relacionadas con la trama Gürtel, y salir del caso de los trajes con antecedentes penales podría complicar notablemente su situación si se produjera una nueva condena.

"ALGÚN ERROR" Entre los dirigentes del PP empieza a extenderse la convicción de que es necesario fijar una posición cuanto antes. Las palabras de ayer de Basagoiti a Onda Cero fueron de lo más revelador. El líder de los populares vascos recomendó a Camps que asuma que recibió los trajes como regalo y evite así que la nube de la sospecha se haga mayor. "A Francisco Camps se le está acusando de más o menos matar a Manolete y lo que realmente está en la actuación judicial es si le han regalado tres trajes", señaló, para pedir a continuación al dirigente imputado "que reconozca si ha cometido algún error, que siga para adelante y diga la verdad".

Como en días anteriores, fueron ayer pocos los altos cargos del Partido Popular que defendieron en público a Francisco Camps. La excepción fueron los dirigentes valencianos. Esteban González Pons aseguró que es "claramente inocente" y la alcaldesa Rita Barberá dijo que cree "firmemente" en su "honradez". Juan Cotino, presidente de las Cortes valencianas, señaló que todo es un "complot" urdido por Alfredo Pérez Rubalcaba.