El Congreso de los Diputados aprobará este jueves de manera definitiva la ley de modernización del sistema de la Seguridad Social aceptando las 40 enmiendas incorporadas en el Senado y cerrando así un trámite parlamentario en el que el PSOE ha conseguido el apoyo de CiU para mantener intactos los puntos principales de la reforma: el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 y la ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años. Los socialistas y los nacionalistas catalanes suman una mayoría absoluta en el Congreso que garantiza que el texto no incluya ninguna enmienda no deseada por el Gobierno. En frente, tendrán los votos de PP, ERC, IU, ICV y BNG, que reafirmarán su rechazo a la norma, mientras que el PNV todavía no ha fijado su posición definitiva sobre el texto. A cambio de su apoyo, CiU ha conseguido que el Gobierno traspase a las comunidades autónomas los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Catalunya, el traspaso afecta a 150 edificios dedicados a asistencia sanitaria. La reforma de las pensiones, que se basa en el acuerdo alcanzado por el Gobierno, sindicatos y patronal el pasado febrero, no entrarán efectivamente en vigor hasta el 2013, momento a partir del cual se dará un horizonte de 15 años para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en el 2027. El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados. Asimismo, la norma reconoce un periodo de cinco años de cotización a las madres que hayan interrumpido su carrera laboral por el cuidado de los hijos y fija un calendario para la integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Además, de acuerdo con los cambios introducidos en la recta final por el Senado, las personas discapacitadas podrán jubilarse de forma anticipada con 25 años cotizados. Igualmente, el Ejecutivo deberá presentar en el plazo de un año y previa discusión con los agentes sociales un proyecto de ley que mejore la consideración de los periodos cotizados de los trabajadores a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos.