La semana pasada no fue apta para seguidores de la economía con problemas de corazón. La prima de riesgo de España --extremadamente sensible a los vértigos de Grecia-- ha traspasado en varias ocasiones las líneas rojas. En esos siete días, las alarmas se encendieron varias veces en la Moncloa, los despachos políticos, las oficinas bancarias y los mercados bursátiles españoles. Y solo el acuerdo in extremis alcanzado en Bruselas el jueves para evitar la quiebra helena sirvió como tratamiento paliativo, que no curativo, del estrés sufrido por las autoridades españolas, que llegaron a temer lo peor, esto es, un contagio a la griega por falta de cordón sanitario.

Pero Europa, pese a las reticencias de la cancillera Angela Merkel, supo encontrar a última hora una vacuna y dar un respiro al euro. En cualquier caso, eso no significa que haya terminado la presión para la vicepresidenta económica del Ejecutivo, Elena Salgado, a quien el PP intentará poner contra las cuerdas el miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cita que se intuye complicada y de cuyo resultado depende en parte la imagen de España y sus autonomías, que se juegan en esa reunión que los números sobre déficit público que presentan ante la Unión Europea y ante las entidades bancarias para pedir crédito resulten o no creíbles.

AUTOCONTROL No lo tendrá fácil Salgado que, según fuentes gubernamentales, apelará a "la responsabilidad de todos" para evitar enfrentamientos que perjudiquen a la credibilidad española, y abogará por persuadir a los consejeros de que se autoimpongan una regla de gasto para ser más disciplinados con sus cuentas, de forma que adopten un compromiso de endeudamiento ligado al crecimiento. En este asunto el Partido Popular quiere no ya reglas, sino techos de gasto que encaminen a las administraciones al "déficit cero".

Pero no será este el debate más duro que tendrá lugar en el seno del CPFF, según prevén el Gobierno y el PP. Salgado, acompañada por el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, deberá enfrentarse por primera vez tras el 22-M a un consejo prácticamente acaparado por los conservadores, dispuestos a utilizar ese órgano para sembrar dudas sobre las cifras de déficit que maneja el Ejecutivo.

De hecho, los dirigentes populares llevan tiempo reclamando la reunión del consejo para revisar los planes de reequilibrio ya presentados y de "hacer creíbles" las previsiones de ingresos (que consideran infladas por los socialistas). Y es que desde que tomaron posesión los nuevos presidentes autonómicos, el PP está divulgando dentro y fuera de las fronteras españolas --con el peligro que eso comporta-- que las comunidades acumulan muchos más desequilibrios contables de los reconocidos. De paso, culpan a Salgado de ejercer de encubridora de los "números falsos".

La máxima valedora de esta estrategia es la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Con permiso de Mariano Rajoy, Cospedal dice haber revisado "de arriba abajo" las cuentas y facturas pendientes de pago en su región, y dice que el déficit supera el 6%, pese a que los datos del primer trimestre que se dieron al Gobierno eran muy diferentes, aunque tampoco invitaban al optimismo.

La dirigente autonómica, tras remitir su informe a Hacienda, ha intentado en vano reunirse con Salgado para debatir cara a cara la situación y ha exigido, incluso, inhabilitar a su antecesor, José María Barreda, por "arruinar" a los manchegos.

TRIMESTRE ELECTORAL Cospedal lidera el ataque, pero no está sola. Según fuentes populares, en breve estarán listas las auditorías de las comunidades que pasaron a manos del PP en mayo y, dicen, "en prácticamente todas se ha hecho trampa". Las citadas fuentes apuntan que el caso de Baleares "roza cifras similares a las de Castilla-La Mancha", y que en Extremadura "la cosa está fea", de lo que deducen que los datos de déficit que se facilitaron a Salgado en los tres primeros meses del año están "intencionadamente maquillados".

Según esas cifras trimestrales, las autonomías llegaron a marzo con un déficit cercano a los 5.000 millones, o sea, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. Salgado quita dramatismo a esa cuestión alegando que los datos relevantes serán los que se hagan públicos a mitad del ejercicio, ya que la existencia de unas elecciones --el 22-M-- siempre dispara el gasto de las comunidades. Los conservadores, por su lado, insisten en que la realidad es mucho más cruda. En resumen: suenan tambores de guerra (de cifras).