La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declaró competente para seguir investigando a la cúpula del PP valenciano por presunta financiación irregular, por un delito electoral en los comicios municipales y autonómicos del 2007 y por un delito de falsedad en las elecciones legislativas del 2008.

El juez instructor de la causa, Francisco Ceres, dictó ayer un auto en el que rechaza los recursos presentados por algunas partes contra la aceptación de la competencia por parte del tribunal y solicita nuevas diligencias para seguir con la investigación.

Entre otras cosas, el magistrado pide que se compruebe la condición de aforados de varios de los denunciados --entre ellos, el exvicepresidente del Gobierno autonómico Vicente Rambla, la expresidenta de las Corts valencianas Milagrosa Martínez, y el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa-- y reclama a la dirección nacional de los populares que detalle el "modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana" y que señale quiénes eran los responsables de la misma y cuál era su grado de autonomía respecto al aparato central del PP.

Tras la publicación del auto del juez Ceres, el partido socialista valenciano emitió un comunicado en el que expresaba su convicción de que la decisión judicial "habrá devuelto a la realidad" al nuevo presidente Alberto Fabra. "Si Fabra se había imaginado que podría salir indemne de las irregularidades cometidas por el PPCV --señaló la nota--, ahora se le dice con claridad que tendrá que hacer frente a las responsabilidades que se deriven de los hechos investigados".

Quien ha empezado ya a asumir responsabilidades es el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, quien, tras aceptar la semana pasada su culpabilidad en la causa de los trajes, anunció ayer su intención de dejar de ser jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.