Anticorrupción recurrirá la negativa de la juez a imputar a Aguirre por la reducción de camas en un hospital

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir la decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 53, Mónica Aguirre de la Cuesta, que no ve indicios suficientes para investigar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la reducción presuntamente ilegal de camas en el del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, fuentes fiscales.

Según ha adelantado elDiario.es, la magistrada justifica su decisión con el argumento de que no se le puede atribuir responsabilidad penal a alguien "por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea".

También se rechaza imputar al entonces consejero de Sanidad, Juan Jesús Güemes y al resto de cargos del entonces Gobierno autonómico que el Ministerio Público pretendía investigar.

El pasado 15 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción pidió estas imputaciones por presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación con la reducción de 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid que habría causado un daño estimado de 10 millones de euros al erario público. 

Fue la propia Fiscalía la que se querelló contra la directora de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. En ese momento, era consejero de Sanidad Juan José Güemes y presidenta regional Esperanza Aguirre, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad organizada insistirá en investigar.

Sin procedimiento administrativo

Según la querella de Anticorrupción, hay indicios de que "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto" el contrato de concesión de obra para construir dicho hospital.

Debido a esa gestión "la administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados", produciéndose un menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad de más de 10 millones. La obra pública fue adjudicada por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI, que constituyeron la sociedad Hospital Majadahonda S.A., según informó Efe. El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del citado hospital pasaron de ser dobles a individuales.

Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no existió, asegura la Fiscalía, que subraya "la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo".

Pero, además, "se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos".