Los egipcios vieron ayer cumplida la promesa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de remodelar el Gobierno de transición para acallar las masivas protestas que continúan en El Cairo y otras ciudades. Los manifestantes exigen la aceleración de las reformas políticas y económicas, mayor rapidez a la hora de castigar a los asesinos de revolucionarios, una purga más profunda de los miembros del partido del expresidente Hosni Mubarak en las instituciones públicas y que no se demore la transición hacia un Ejecutivo civil.

Más de la mitad de los ministros del Gabinete liderado por Essam Sharaf --algunos de la época de Mubarak-- han sido sustituidos, entre ellos los de Exteriores, Finanzas y Comercio. El jefe de la diplomacia egipcia, Mohamed el-

Orabi, próximo al antiguo régimen, fue reemplazado por Mohammed Kamel Amr, y el de Finanzas, Samir Radwane, cedió su puesto a Hazem Beblawi, que tendrá que recuperar la economía egipcia, muy perjudicada por la falta de turismo y el freno al crecimiento económico que comportó la parálisis provocada por la revolución.

FIGURAS RECHAZADAS En el nuevo Gabinete, sin embargo, se mantienen algunas figuras rechazadas por los manifestantes, como el ministro de Justicia, Abdel-

Aziz al-Guindi, y el de Interior, Mansour el-Essawy, que para mejorar su imagen anunció hace unos días el cese de 650 altos cargos de policía que habían participado en la represión de las protestas. "Este movimiento calmará a la gente un poco, pero no es suficiente, se esperaban cambios en Interior y Justicia", comentó ayer Adel Soliman, jefe del Centro Internacional para Estudios Estratégicos, un think-tank egipcio. "Pero es obvio que el primer ministro no tiene autoridad total para hacer más cambios y está bajo presión", remarcó.

Los 18 ministros nuevos juraron su cargo ante el mariscal Mohamed Husein Tantaui, que encabeza el consejo militar y que fue ministro de Defensa de Mubarak. El Ejército pilota la transición, que solamente tiene cinco meses de vida y que será larga, como otros procesos similares.

La actitud del consejo militar, en medio de un ambiente convulso y confuso, es ambigua respecto al régimen de Mubarak. El expresidente sigue internado en un hospital de Sharm el-Sheij y nadie cree que comparezca el próximo 3 de agosto ante el tribunal para ser juzgado por la matanza de centenares de revolucionarios. Su mujer, Suzanne, fue arrestada y luego liberada por haber acumulado una fortuna de dudosa procedencia. Y los hijos del matrimonio, Gamal --que en el pasado se consideraba el posible sucesor de su padre-- y Alaa, están en la cárcel.

PASAR PÁGINA La lenta reacción del Gobierno de transición ante los responsables del régimen de Mubarak enerva a los que impulsaron la revolución del 25 de enero, sobre todo a los más jóvenes, que quieren pasar página de la época Mubarak y expresar sus deseos en las urnas.

Las nuevas autoridades solamente han arrestado a algunos exministros como los de Interior y Economía, para juzgarlos por casos de corrupción, no por las muertes de manifestantes. Los ciudadanos que aún protestan creen necesario fiscalizar al Consejo Militar porque el Ejército protegió la revolución, pero no salió de sus entrañas.

Los egipcios esperan las elecciones con impaciencia, aunque el Gobierno ha decidido retrasarlas en respuesta a las demandas de las múltiples formaciones políticas que han surgido tras la caída de Mubarak. La Junta Militar ha dejado claro que no necesitan observadores internacionales en su proceso electoral y lo están diseñando con cuidado.

De las decenas de partidos entre los cuales podrán escoger los ciudadanos, solo los Hermanos Musulmanes cuentan con una estructura y experiencia que les permitirían concurrir hoy a los comicios. Algunos analistas indicaron durante la revuelta que si el régimen de Mubarak caía, los islamistas accederían al poder, pero diversos expertos señalan hoy que no se harán con más del 20% de los votos, y menos ahora, porque han sufrido escisiones.