Los egipcios vieron ayer cumplida la promesa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de remodelar el Gobierno de transición para acallar las masivas protestas que continúan en El Cairo y otras ciudades. Los manifestantes exigen la aceleración de las reformas políticas y económicas, mayor rapidez en castigar a los asesinos de revolucionarios, una purga más profunda de los miembros del partido del expresidente Hosni Mubarak en las instituciones públicas y que no se demore la transición hacia un Ejecutivo civil. Más de la mitad de los ministros del Gabinete liderado por Essam Sharaf --algunos de la época de Mubarak-- han sido sustituidos, entre ellos los de Exteriores, Finanzas y Comercio. El jefe de la diplomacia egipcia, Mohamed el-Orabi, próximo al antiguo régimen, fue reemplazado por Mohammed Kamel Amr, y el de Finanzas, Samir Radwane, cedió su puesto a Hazem Beblawi, que tendrá que recuperar la economía egipcia, muy perjudicada por la falta de turismo y el freno al crecimiento económico que comportó la parálisis provocada por la revolución. En el nuevo Gabinete, no obstante, se mantienen figuras rechazadas por los manifestantes, como el ministro de Justicia, Abdel-Aziz al-Guindi, y el de Interior, Mansour el-Essawy, que para mejorar su imagen anunció hace unos días el cese de 650 altos cargos de policía que habían participado en la represión de las protestas. En Túnez, donde empezó la primavera árabe con la revuelta contra el dictador Ben Alí, el país ha experimentado una mutación relativa seis meses después de la caída del régimen. Paralelamente a la eclosión de manifestaciones --algunas de las cuales han sido de nuevo reprimidas por las fuerzas del orden-- y a la creación de asociaciones pro derechos humanos, la maquinaria que sustentaba el régimen de Ben Alí continúa con los motores encendidos y sin que se atisbe cambio alguno.
