Petro dibuja un osado plan de paz en medio de una ola de violencia en Colombia

Los números no dejan de mostrar el lado más desgarrador de Colombia. En lo que va del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha recopilado que se perpetraron 54 masacres con 173 víctimas, y fueron asesinados 91 líderes sociales y defensores de los derechos humanos. El mismo destino trágico azotó a 22 excombatientes de las FARC que habían abandonado las armas. Pero, además, solo en Bogotá, la capital, tuvieron lugar 525 muertes violentas de las cuales, la mitad fueron perpetradas por sicarios a cambio de dinero.

"Cifras alarmantes", dijo radio Caracol. Con ese trasfondo de sangre, y otras complicaciones del orden político, el presidente Gustavo Petro intenta llevar adelante su propuesta de "paz total" que lo faculta a negociar con bandas criminales, la insurgencia del ELN, y remanentes de las exFARC. Para negociar con estas últimas facciones ha integrado en calidad de nexo nada menos que a Alexander Farfán Suárez, un excombatiente de las FARC que había sido capturado en 2008 durante la llamada 'Operación Jaque' que liberó a Ingrid Betancourt. La búsqueda del horizonte pacificador, de aristas utópicas, si se confronta con las estadísticas, está poblado de otras paradojas. Una de ellas es reciente y ha desatado previsibles controversias. Petro nombró "gestor de paz" al exjefe paramilitar de ultraderecha, Salvatore Mancuso.

Mancuso, sinónimo de crueldad

La figura de Mancuso es una suerte de sinónimo de la crueldad. Se le acusa de haber sido el responsable de 139 masacres en las que perdieron la vida 800 personas. No obstante, el presidente cree que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llevada a cabo entre 2003 y 2006, bajo el primer Gobierno de Álvaro Uribe, no se ha completado. "No se sabe toda la verdad. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", dijo. Solo las AUC mataron a 4.767 personas. A su vez, parte de los bienes supuestamente expropiados a los paramilitares quedaron en sus manos.

Sobre la base de este déficit histórico, Petro intenta convertir a Mancuso, actualmente en una cárcel de Estados Unidos, en una pieza de su gran iniciativa política. Desde hace meses, la lengua de Mancuso cobró una sorprendente vitalidad. De hecho, en mayo pasado habló sin filtros sobre la antigua relación entre los "paras" y el Estado. No lo hico por un súbito sentido de la compasión: aspira a acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uribe, en entredicho

Lo que dijo entonces, y lo que todavía, sugirió, prefiere callar, le añade un problema más a Uribe. Según Mancuso, el presidente de derechas le quitó en 2003 la seguridad a Eudaldo Díaz, el alcalde del municipio El Roble, ubicado a 830 kilómetros de Bogotá, "y nosotros lo matamos". El grupo armado recibía "un listado" de blancos, iba a sus casas y los ejecutaba "porque nos decían que eran guerrilleros". La Jurisducción Especial para la Paz todavía no se ha pronunciado sobre los efectos de esta confesión de dudoso alcance. El temible Mancuso cree, no obstante, que puede aportar su grano de arena para que el pasado atroz de Colombia no se repita. "La paz es una política de Estado y no del Gobierno de turno", dijo.

El uribismo ve con muy malos ojos esta conversión. Sostiene que este nombramiento premia a los "criminales". Uribe, en tanto, dijo que todavía espera "las pruebas de calumnia" del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. El expresidente interpuso una denuncia contra Mancuso por sus declaraciones ante la JEP.

Repercusiones del nombramiento

Para Ernesto Samper, quien gobernó Colombia entre 1994 y 1998, el nombramiento de Mancuso "es la confirmación del fracaso de la política de Justicia y Paz que extraditó a EEUU a los jefes paramilitares, después de que ellos se desmovilizaron y desarmaron, para que no contaran la verdad que ahora deberían revelar ante la JEP, como lo han pedido ellos mismos". La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá acaba de advertir de que Mancuso debe ser extraditado desde Estados Unidos. En caso de que esa petición se concrete, el exparamilitar irá directo a una cárcel a pesar de su condición de “gestor de paz".

"La idea central de los procesos de paz es que las partes del conflicto se conviertan en constructoras activas de una sociedad sin violencia. Suena idealista, claro, pero así es como ha funcionado a lo largo y ancho del planeta y como hemos visto que se han podido aterrizar acuerdos complejos en nuestro país", señaló por su parte el diario bogotano 'El Espectador' en un reciente editorial. En ese sentido, consideró que Mancuso puede ser útil a los objetivos que se ha fijado Petro "por más polémica que sea" la designación. "La pregunta, válida, es si el paramilitar está dispuesto a aportarle al país la verdad que el presidente Petro pidió", añade

El papel que podría desempeñar el exparamilitar no agota las controversias que suscita el proyecto de "paz total" del primer Gobierno de izquierdas de ese país. Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión del presidente sobre Mancuso, una fiscal, Margarita Cabello, volvió a reclamarle a la Corte Constitucional que haga trizas la ley que promueve la "paz total".