El Gobierno británico insiste ante el Tribunal Supremo en la legalidad de las deportaciones a Ruanda

La eterna batalla judicial entre el Gobierno británico y los solicitantes de asilo ha iniciado un nuevo capítulo este lunes con la vista de tres días ante los jueces del Tribunal Supremo, que deberán decidir en las próximas semanas si el plan del Ejecutivo para deportar a inmigrantes a Ruanda se ajusta a la legalidad. En caso de salir adelante, todas las personas que lleguen de forma irregular al país podrán ser detenidas al pisar territorio británico y perderán el derecho a pedir protección ante las autoridades británicas. Algo que, según los defensores de la medida, servirá para frenar la llegada de inmigrantes a través del canal de la Mancha.

El abogado del Ministerio del Interior James Eadie se ha dedicado a desgranar durante su intervención los argumentos aportados por el Tribunal de Apelación para tumbar los planes del Gobierno el pasado junio. En ese momento, los jueces consideraron, por dos votos a favor y uno en contra, que Ruanda no ofrece las garantías suficientes en la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, ya que existe el riesgo de que puedan ser devueltos a sus países de origen o a otros lugares en los que pueden sufrir persecución. Esta posibilidad es contraria a algunos de los compromisos internacionales adquiridos por el Reino Unido, como la firma de la Convención Europea de los Derechos Humanos. 

Duelo de argumentos

Eadie ha señalado que el acuerdo entre los dos países ofrece los mecanismos de control suficientes para garantizar que se protegen los derechos de los solicitantes de asilo. "Las autoridades ruandesas sabrán que su conducta será objeto de escrutinio, en el contexto particular de las personas que han sido expulsadas por el Reino Unido y en virtud de los acuerdos entre ambos países", ha asegurado Eadie, quien ha añadido que el país africano recibirá "importantes incentivos económicos" a cambio de realizar correctamente su tarea. El Gobierno británico ya ha entregado 140 millones de libras (162 millones de euros) a las autoridades ruandesas, aunque de momento ningún migrante ha sido deportado. 

El abogado ha destacado además la creación de un comité independiente de monitorización y el control diario por parte de organismos internacionales como ACNUR, así como la obligación del Gobierno ruandés de informar periódicamente al Ejecutivo británico sobre la situación de los solicitantes de asilo. "Ruanda proporcionará un informe trimestral al Reino Unido sobre el resultado de todas y cada una de las solicitudes y recursos de asilo, la situación de cada persona reubicada y los datos de cualquier persona que haya abandonado o haya sido expulsada del país". Según el letrado, no hay ninguna discusión sobre las "buenas intenciones" que el país africano ha mostrado en el cumplimiento de sus compromisos.

Los impulsores de la demanda, entre los que se encuentra la organización de defensa de los refugiados Asylum Aid y una decena de solicitantes de asilo de países como Síria, Irak y Vietnam, sostienen sin embargo que las deportaciones a Kigali no cumplen con los acuerdos internacionales firmados por el Reino Unido, reflejados en la ley de Derechos Humanos británica. Una posición que también defiende ACNUR, cuya intervención en el juicio está prevista para este martes. "Ruanda carece de los componentes mínimos e indispensables de un sistema de asilo accesible, fiable, justo y eficaz", ha alertado su abogado, Angus McCullough, en el escrito de alegaciones.

Los cinco jueces del Tribunal Supremo anunciarán su decisión previsiblemente en noviembre. En caso de que opten por tumbar los planes del Gobierno, el primer ministro, Rishi Sunak, ya ha abierto la puerta a una salida del Reino Unido de los acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos, lo cual facilitaría la implementación de la medida sin bloqueos judiciales. Esta decisión, sin embargo, provocará con toda probabilidad importantes divisiones internas en el Partido Conservador a las puertas de unas elecciones decisivas. 

El Ejecutivo confía en que la justicia le dé la razón y le permita poner en marcha cuanto antes sus planes, aunque todo apunta a que las primeras deportaciones no se llevarían a cabo antes de febrero, si no hay nuevas disputas legales. Esta situación está apretando los plazos de cara a la implementación efectiva de la medida antes de los comicios, previstos para otoño de 2024 o incluso para la primavera, en caso de que se produzca un adelanto electoral. En caso de que el Gobierno no consiga deportar a los primeros solicitantes de asilo antes de esa fecha, es muy probable que los planes no se lleguen a implementar: el Partido Laborista lidera las encuestas con una ventaja de entre 15 y 20 puntos respecto a los 'tories' y su líder, Keir Starmer, ya ha anunciado que no seguirá adelante con la medida en caso de llegar a Downing Street.