Multitudinarias protestas y gran seguimiento de la huelga general en toda Argentina contra los recortes y reformas de Milei

"¿La casta dónde está?". El cartel hecho a mano lo levantaba un hombre en paro. Al lado, su esposa. "No sé lo que es comer una costillita de cerdo desde hace meses", dice. Habían votado a Javier Milei. No han tardado en decepcionarse. El ultraderechista resultó ser lo contrario de lo que creían cuando maldecía a la "casta política" y por eso se sumaron desde la periferia bonaerense a una multitudinaria manifestación convocada por el movimiento obrero, las organizaciones sociales, los partidos de izquierda y el peronismo para rechazar la política de un Gobierno que apenas tiene 45 días. La protesta, que tuvo réplicas en las principales ciudades del país, rodeó al Congreso y dio inicio a una huelga de 12 horas en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le otorga a Milei atribuciones por encima de la legislatura, y una mega Ley Ómnibus que busca reducir al Estado argentino a su mínima expresión, al punto de abandonar la protección de glaciares y bosques, desregular la economía, abolir los códigos Civil y Penal, privatizar bienes estatales y recortar numerosos beneficios sociales. 

Nunca antes en 40 años de democracia un presidente enfrentó tan temprano una medida de fuerza. Fernando de la Rúa tuvo su primera huelga tres meses después de haber tomado posesión, a finales de 1999. Milei conoció el rugido de las movilizaciones y caceroleos pocos días después de iniciada su gestión, tras anunciar sus draconianas medidas y devaluar la moneda un 118%. Un mes y medio más tarde, miles y miles de personas, intelectuales, deportistas, pensionados, gente de a pie, familias con hijos discapacitados o con cardiopatías congénitas que perdieron sus protecciones públicas, decidieron sumarse espontáneamente a una protesta demonizada por las autoridades. Las fuerzas de seguridad impidieron el acceso a la capital, requisaron autobuses, filmaron a pasajeros.

La huelga general contra Milei en Argentina, en imágenes

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"Hay que impedir las leyes"

"Hay que cambiar este modelo económico que ataca a casi toda la sociedad. Los pensionistas ya no pueden comprar los medicamentos. Los peronistas no pueden acompañar esos proyectos", dijo el sindicalista de los camioneros, Pablo Moyano. "A los diputados les digo: van a dejar millones de personas en la calle. Han llevado adelante una reforma laboral para sacarnos derechos. No podemos permitir que los legisladores avalen eso", dijo pocas horas después de que el oficialismo lograra emitir un dictamen favorable para que este jueves se trate en la Cámara de Diputados la Ley Ómnibus. Algunos legisladores peronistas dieron luz verde a las iniciativas de la ultraderecha. "Hay que defender a los que menos tienen y a la soberanía. Nadie nos va a detener porque la patria no se vende, la patria se defiende. Hay que derribar estas leyes. La justicia social no se entrega. No vamos a dar un paso atrás".

Su colega, Héctor Daer, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), también pidió a los legisladores que no acepten que se anule la división de poderes y vulnere la Constitución porque "los derechos son progresivos y no pueden volver atrás". La ultraderecha quiere restringir el derecho a huelga y erradicar las indemnizaciones. "Utilizan la libertad para regalar nuestras empresas. No les importa la educación. Que no nos tomen por idiotas. Es parte de la finalidad de su plan: destruir el Estado que permite el equilibrio social y la riqueza".

Reacción del Gobierno

Milei decidió seguir los masivos acontecimientos desde la residencia presidencial de Olivos, en la periferia norte bonaerense. Experto en la comunicación en las redes sociales, el anarcocapitalista comprobó que la calle, el mundo analógico, trata de poner freno a su intento de imponer su revolución ultraderechista.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, exguerrillera de izquierda en los 70 y en la actualidad bolsonarista devocional, calificó a los sindicalistas de "mafiosos" y "gerentes de la pobreza" que intentan defender sus privilegios, "resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente". Bulrich descalificó la participación. "¿Cuántos van a ir a la marcha, 30.000 personas? No existe". Los organizadores multiplicaron esa cifra por casi 10.

La ministra de Exteriores, Diana Mondino, consideró por su parte que la protesta carece de justificación. "Convocada por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, (la medida de fuerza) ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo". El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, recordó a los gobernadores regionales dubitativos que el dinero que les envía el Estado será recortado "inmediatamente si alguno de los artículos económicos (de la Ley Ómnibus) es rechazado" en los inminentes debates parlamentarios por los representantes de esas provincias. "No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico". Moyano advirtió a Caputo que será arrojado al río si continúa por esta senda del ajuste.

Razones del malestar

Julián Guarino, columnista del diario 'Ámbito Financiero', señaló que en la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos se encuentra "la génesis" y la "legitimidad" de la huelga y la manifestación. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia, el salario cayó un 28%. La CGT realizó entre 1984 y 1989 un total de 14 huelgas generales. Tras la caída de De la Rúa y el derrumbe económico, el salario creció un 60% en la era de Néstor y Cristina Kirchner. Mauricio Macri (2016-19) heredó un salario promedio de 1.500 dólares, aproximado a los años de Carlos Menem (1989-99). El período de Milei ha comenzado en la zona de los 510 dólares, muy cerca del peor momento argentino, en 2002. La inflación de diciembre del 25% y una cifra similar prevista en enero prometen reducir el poder de compra. Se espera una nueva devaluación para marzo que dibuja en el horizonte una crisis inevitable.

Sobre esos números, la CGT y los otros participantes de la protesta explicaron en un documento conjunto las razones del malestar. "Vemos cómo el Gobierno busca romper con el contrato social mediante políticas y reformas que solo buscan avasallar conquistas del pueblo argentino". El proyecto de la ultraderecha, señalaron, pone en riesgo a las pequeñas y medianas industrias, la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental, desconoce garantías constitucionales individuales, castiga el mercado interno, desfinancia la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales. A su vez, remarcaron, vulnera el Código Civil, desprecia a los pensionados, enajena el patrimonio público, liquida los recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional y genera inseguridad jurídica desalentando las inversiones. Milei, advirtieron, construye "un aparato represivo que no está al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas".