Desde los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón hace tiempo que se está trabajando en la atención y prevención de los casos de violencia contra la mujer. Dentro de estas estrategias nació el Observatorio de la Violencia contra la Mujer que recientemente celebró su segunda sesión.
Cuando se creó hace un año se pusieron de manifiesto sus objetivos, de conocer de forma global el problema de la violencia contra la mujer, y ahora se ha presentado una propuesta de indicadores que permitirán abordar el fenómeno en profundidad.
El documento propuesto contiene unos indicadores para conocer y profundizar sobre la violencia de género en Aragón. Estos indicadores se enmarcan en diversos ámbitos de análisis: servicios sociales, salud, protección y justicia, la inserción sociolaboral, educativo y de investigación y de menores. En cada área se proponen unos indicadores y unas fuentes de información que permitirán conocer, desde la edad de las víctimas de violencia, hasta su nivel de ingresos, la nacionalidad, si son perceptoras de ayudas sociales... Esta información servirá para hacer un análisis detallado y profundo sobre la violencia contra las mujeres en Aragón, su evolución y las circunstancias que la rodean.
La consejera de Servicios Sociales y Familia explicó que "la propuesta que se ha presentado al observatorio va a ser muy útil para recabar toda al información que nos permita al Gobierno tener más elementos para conocer el fenómeno de la violencia y prevenirlo".
El Observatorio de Violencia contra la Mujer está presidido por Ana Fernández, como titular del Departamento de Servicios Sociales y Familia. Rosa Borraz, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, es su vicepresidenta y como vocales lo componen: seis directores generales de las áreas de Educación, Empleo Salud, Servicios Sociales, Justicia e Interior, un representante del Instituto Aragonés de Estadística (IAE), una persona representante de la Universidad de Zaragoza, siete personas en representación de los colegios profesionales de Abogados, Sociólogos, Politólogos, Psicólogos, diplomados en Trabajo Social, Educadores sociales, Médicos y Enfermería, representantes de los agentes sociales y de otras entidades, tres representantes de los Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza y un representante de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, entre otros.
