Los índices de criminalidad aumentan día a día, mientras que cada vez es menor el número de personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta situación, ya de por sí grave, lo es aún más cuando se hace referencia al medio rural. Los datos de la Fiscalía General del Estado sobre Aragón aluden a un aumento de la delincuencia del 9,4% en el 2002. Asimismo, los últimos datos de la Guardia Civil indican que la criminalidad rural ha crecido desde 1999 un 24,3%, y que la provincia de Zaragoza es la segunda que mayor incremento ha sufrido en los últimos años, pasando de 14.934 delitos registrados a 20.625. Además, a ello se suma que han sido 24 las casas-cuartel que se han cerrado en pequeñas localidades como Biota, Castejón de Valdejasa, Azuara, Cetina, Fuendejalón, Aranda de Moncayo o Ibdes y también en poblaciones más pobladas como Magallón, Ricla o Sástago. Los vecinos del medio rural pagan el doble por ejercer su derecho a la seguridad. De hecho, la Diputación de Zaragoza destina este año 273.000 euros para conservación y mejora en casas-cuartel, a instancias de los ayuntamientos.
Ante ello, la corporación de la DPZ aprobó instar al Ministerio del Interior a que dote con recursos presupuestarios a la Guardia Civil para que desempeñe sus funciones, así como a que complete de forma efectiva las plantillas de las casa-cuartel en la provincia de Zaragoza.
C.C.B.
