El Gobierno aragonés del PSOE-PAR tiene intención de poner bajo protección el entorno del embalse de Mequinenza, incluso declarándolo por ley parque natural --la mayor figura conservacionista de que dispone la comunidad autónoma--. De esta forma, la DGA condicionaría y limitaría al máximo la gestión de uno de los tres pantanos que el Ministerio de Medio Ambiente pretende utilizar para regular el futuro trasvase del Ebro. Es, así, una nueva iniciativa para poner trabas legales a la macrocesión de caudales.
El PSOE-PAR reaccionó con rapidez al anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, sobre el comienzo del trasvase. Rodríguez garantizó el pasado jueves que se van a licitar de inmediato las obras de los dos primeros tramos de la transferencia, que costarán en total unos 22 millones de euros y que se desarrollarán en sendos puntos de Murcia y Almería.
Además de mostrar su más absoluto rechazo a la forma de proceder del Ejecutivo central y de realizar una nueva llamada a la unidad, la DGA anunció su próxima medida dirigida a intentar frenar el macrotrasvase : elaborar una ley aragonesa para proteger el embalse de Mequinenza.
LA FORMULA El departamento autonómico encargado de esta iniciativa será el de Medio Ambiente, que como explicó su titular, Alfredo Boné, trabaja en el proyecto desde hace algún tiempo.
El objetivo es poner el embalse y su entorno bajo el paraguas de la clasificación de parque natural (dado que la DGA tienen competencias exclusiva en materia de espacios naturales protegidos). Dicha figura es la más alta que puede crear el Gobierno autónomo y equivale a la de parque nacional (que es estatal).
Con las medidas conservacionistas se limitaría al máximo la gestión en uno de los tres pantanos con los que se quiere gestionar el trasvase. Mequinenza, Ribarroja y Flix (los dos últimos, en Cataluña) son las tres piezas que, según la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), se utilizarían para garantizar cesiones anuales de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al Levante.
Al mismo tiempo, quedaría condicionada la actual gestión en la zona, pero --según Boné-- en mucha menor medida. Ni los regadíos del PEBEA (Plan Especial del Bajo Ebro Aragonés) ni las actuales actividades turística en el pantano ni los usos de los municipios del entorno sufrirían apenas las consecuencias.
No obstante, Boné ya ha contactado con buena parte de los alcaldes de la zona y con una de las asociaciones agrarias (UAGA) y tiene intención de continuar las conversaciones con todos los sectores que pudieran verse afectados.
El consejero se mostró convencido de que el espacio reúne las características para ser declarado parque natural. "Tenemos argumentos técnicos y científicos suficientes para abordar la iniciativa. No sólo por lo valioso de las poblaciones acuícolas, sino también por la vida de los galachos, las orillas y las zonas colindantes", dijo.
En el fondo subyace el deseo de poner una traba legal al uso del embalse para el trasvase, porque si existe una protección ambiental se pone en entredicho la posibilidad de realizar desembalses (tengan el fin que tengan, incluido el de trasvasar agua) si éstos van a afectar al espacio.
El Gobierno aragonés es consciente de que --como ha sucedido con otras iniciativas que tenían el mismo fin-- el Ejecutivo central podría reaccionar mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Ya teníamos prevista esta actuación, pero ahora estamos más convencidos de ella, a la vista de cómo actúa el Ministerio de Medio Ambiente", concluyó el consejero.
